EPS aseguran que la Adres redujo el 90% en los presupuestos máximos 2024
El Adres expidió una resolución por la cual aprueba la desagregación del presupuesto que cubre servicios y tecnologías en salud no financiados con los recursos de la UPC.
Cifras financieras subiendo y de fondo una persona mostrando su billetera con dinero colombiano(Fotos vía Getty Images)
En medio de la crisis financiera que atraviesa el Sistema General de Seguridad Social en Salud, la reciente desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) ha generado una profunda inquietud entre los gremios de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) ya que los Presupuestos Máximos para el año 2024, revelados tras la divulgación del documento, muestran cifras alarmantes que podrían agravar la situación económica del sistema.
Según las cifras desglosadas, se destinarán tan solo $218′919.215.478 pesos para el régimen contributivo y $96′491.615.861 para el subsidiado en el presente año. Estos valores representan una disminución de casi el 90 % con respecto al año anterior, según la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), lo que agrava aún más la crisis financiera que enfrentan las EPS.
El descontento en el sector se intensificó luego de que la Corte Constitucional se pronunciara sobre las irregularidades en la suficiencia de estos presupuestos. En un comunicado, la Corte identificó problemas en la fijación de los presupuestos, sus reajustes y en los retrasos en los pagos. Además, señaló deficiencias en la metodología requerida para su establecimiento, con demoras en la entrega y recolección de información completa para su análisis y cálculo.
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La Corte Constitucional alertó que calcular los presupuestos máximos en el mismo año corriente impide una adecuada gestión del gasto por parte de las EPS, generando reconocimientos tardíos y desembolsos posteriores a la prestación de servicios cubiertos por esos valores.
El alto tribunal también hizo hincapié en inconvenientes derivados del trámite de reajuste del acto administrativo que establece la metodología para el cálculo de los presupuestos, afectando su reconocimiento y pago. Esta serie de falencias, según la Corte, impactan directamente en la liquidez de las EPS y en el flujo de recursos al interior del Sistema de Salud, acumulando una deuda que supera hasta dos años de vencimiento.
En respuesta a esta situación, la Corte Constitucional ha ordenado al Ministerio de Salud que pague las deudas pendientes correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023 en los próximos 6 meses. Además, instó al Ministerio a crear, en el mismo plazo, una metodología unificada para definir y ajustar los Presupuestos Máximos y reajustes, observando los parámetros establecidos en la providencia.