Nuevas pruebas en presunto ingreso de $500 millones a la campaña presidencial de Petro
Los $500 millones donados por Fecode a Colombia Humana fueron, presuntamente, dirigidos a la campaña presidencial de Gustavo Petro.
En medio de la polémica, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) enfrenta acusaciones tras la revelación de un documento que señala la aprobación de una donación de $500 millones para la campaña Petro Presidente. El escándalo crece con pruebas que sugieren un posible delito, ya que entidades como Fecode no están autorizadas para financiar campañas políticas.
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Según el nuevo documento revelado, fechado el 24 de mayo de 2022, revela que Fecode emitió un cheque a Dagoberto Quiroga, representante legal de Colombia Humana, con el objetivo de colaborar con la campaña presidencial de Gustavo Petro. Aunque inicialmente destinado al partido, se descubre que la verdadera intención era respaldar la candidatura de Petro.
La contradicción legal se presenta ya que la ley colombiana prohíbe específicamente que entidades como Fecode donen directamente a campañas, permitiendo solo contribuciones a partidos políticos. A pesar de la dificultad para probar el uso del dinero en la campaña, el documento podría desempeñar un papel crucial en la investigación judicial en curso contra exmiembros directivos de Fecode.
La Fiscalía General de la Nación allanó las oficinas de Fecode en busca de pruebas sobre la supuesta financiación irregular. Entre los hallazgos se encuentra el acta de entrega del cheque por $500 millones, así como un documento notariado que respalda la versión de que el dinero fue destinado a Colombia Humana y no a la campaña. Sin embargo, la fecha de este último documento, firmado en septiembre, plantea interrogantes sobre su autenticidad y la temporalidad de las acciones de Fecode.
Actualmente, Fecode se encuentra bajo investigación, y la incógnita persiste sobre si su contribución a Colombia Humana fue legítima o constituyó un delito. La trama se complica con la sombra de la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial, mientras el proceso judicial avanza para esclarecer los hechos.