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La procuradora es como el ratón cuidando el queso de los políticos: Esmeralda Hernández

Esmeralda Hernández aseguró que no hay independencia ni objetividad en las investigaciones disciplinarias de Margarita Cabello.

Margarita Cabello, procuradora general de la Nación. Foto: cortesía de la Procuraduría.

En diálogo con Sigue La W, la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández reveló los contratos entregados durante la administración de la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, que demuestran según la congresista, graves irregularidades en el nombramiento de familiares de clanes políticos cuestionados e investigados, resultados negativos alarmantes del organismo de control que terminan en altos niveles de impunidad.

“Uno de los hechos más controversiales del periodo de Margarita Cabello corre por cuenta de la creación, en plena pandemia y precampaña electoral, de más de 1.200 puestos, en contravía de un mensaje de austeridad propio del servicio público y de la crisis que vivía el país. El alto número de funcionarios en provisionalidad en la Procuraduría General de la Nación no ha podido proveerse en carrera administrativa previo concurso de méritos porque, según la Procuraduría, se adolecen de recursos para adelantar el concurso de méritos al cual está obligada”, aseguró Hernández.

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Según la congresista, al no adelantar dicho procedimiento meritocrático se agudizaron dos fenómenos: la alta onerosidad en algunas OPS y el elevado número de funcionarios en provisionalidad.

“Por ejemplo, en solo en diez contratos de prestación de servicios profesionales del año 2023 la Procuraduría se gastó 1.638 millones de pesos. ¿Si no hay recursos para el concurso, por qué sí existen fondos para asumir elevados costos de Contratos de Prestación de Servicios, como se detalla a continuación? ¿Si solo una persona se gana 241 millones de pesos al año, por qué los informes de su labor no están soportados en la plataforma Secop para conocimiento de la ciudadanía? Si este top 10 se lleva a un top 14 de contratistas, la cifra supera los 2.000 millones de pesos”, cuestionó la senadora Hernández.

Aunque no se ha realizado el concurso de méritos para los cargos vacantes o que se encuentran en provisionalidad, según la congresista, la procuradora ha nombrado a dedo y sin concurso 335 personas en la planta de personal con corte a julio de 2023:

“Este panorama adquiere otro agravante con la designación de funcionarios, como es el caso de los procuradores regionales, provinciales y delegados, con marcadas relaciones o cercanos a clanes políticos cuestionados, algunos de ellos por corrupción”.

De acuerdo con Esmeralda Hernández, pese al evidente crecimiento burocrático, la Procuraduría muestra cifras en rojo:

“Es decir, la Procuraduría obtuvo más puestos, pero para favorecer a clanes y amigos políticos y no para dar propiamente resultados al país. Desde el 2021 hasta julio de 2023 habían caducado y prescrito más de 2.576 procesos disciplinarios. Es otras palabras, las cifras evidencian que el número de fallos sancionatorios de la Procuraduría, especialmente entre 2021 y 2023 (años de plena responsabilidad de Margarita Cabello), son irrisorios en comparación con los procesos a los que les permiten caducar o prescribir, pese a contar con una planta de personal superior a los 4.100 funcionarios”, detalló.

Por último, insistió en que “por si fuera poco, parece que algunas decisiones de la Procuraduría no son sólidas jurídicamente al punto que no se pueden sostener en los estrados judiciales, generando un detrimento de los recursos de los colombianos. Del total de demandas judiciales en contra de las decisiones de la Procuraduría, 540 han resultado con condenas desfavorables, lo que le ha costado 78.748 millones de pesos al país. Demandas y condenas judiciales en contra de decisiones de la Procuraduría”.

Todos los detalles a continuación: