Internacional

Exigen al Gobierno de México aclarar filtración de datos de periodistas

La Presidencia tendrá que avisar en un plazo de no más de 72 horas sobre lo que pasó o el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos analizará si abre investigación.

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Un organismo público autónomo encargado de la protección de datos personales exigió al Gobierno mexicano aclarar una filtración de datos personales de más de 300 periodistas acreditados ante la Presidencia.

La oficina de la Presidencia “tendrá que avisar en un plazo de no más de 72 horas sobre lo que pasó para que ellos (los periodistas) conozcan y puedan poner una denuncia”, dijo este sábado Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)

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De no hacerlo, el INAI analizará si inicia una investigación de oficio, añadió la funcionaria en entrevista con la cadena El Heraldo Radio.

Víctor Ruiz, fundador de la firma de seguridad cibernéitca Silikn, denunció en la red social X (antes Twitter) la filtración de los nombres y datos personales los periodistas.

Se trata de comunicadores que acuden a la “mañanera”, como se conoce a la conferencia de prensa que de lunes a viernes ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de manera frecuente señala a periodistas y medios que son críticos hacia su gobierno.

Ruiz explicó que en algunos de los archivos aparece la dirección, fotografía y nombre completo de los periodistas.

En esta lista la AFP ha identificado a cinco de sus periodistas que han sido acreditados ante el Gobierno de López Obrador, con datos del 2021.

Alianza de Medios, una organización que aglutina a varios medios de información del país, exigió una investigación “para saber si se trató de un hackeo informático o de una filtración dolosa de la información personal de los comunicadores”.

La AFP pidió a dos voceros de la Presidencia comentarios sobre esta denuncia pero no obtuvo una respuesta de inmediato.

López Obrador ha criticado al INAI y anunció una reforma constitucional para desaparecerlo junto con otros órganos similares, alegando que “no sirven para nada”.