¿Suspensión del canciller Álvaro Leyva es persecución? Responde el Congreso

El pasado 24 de enero, la Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario y suspendió provisionalmente por tres meses al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por las posibles irregularidades presentadas durante el proceso para la licitación de pasaportes.

Cabe resaltar que luego de las fallidas audiencias de conciliación entre la Cancillería y Thomas Greg & Sons, la entidad afectada denunció al Estado por más de $117.000 millones por presuntos daños y perjuicios para declarar desierta la licitación de pasaportes.

Ante esta sanción, el presidente Gustavo Petro, sin referirse directamente al Ministerio Público, aseguró que esa situación ya la vivió cuando fue alcalde de Bogotá y denunció que se trata de una persecución: “Nos van a suspender ministros aquí, ministras allá, eso ya lo vivimos en la Bogotá Humana. No nos van a dejar gobernar”.

Para conocer qué opina el Congreso de la República de estas declaraciones del primer mandatario, La W conversó con varios miembros de distintas orillas políticas.

Para la representante Carmen Ramírez, del Pacto Histórico, sí se trata de una persecución al Gobierno Nacional: “Que me digan cuántos ministros de otros gobiernos han sido suspendidos por licitaciones que, además, son prácticamente monopolios y se contratan una y otra vez porque hay intereses de por medio”.

Por eso, consideró necesario “romper con este mito de los contratistas eternos”.

Por otro lado, para la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, la suspensión del cargo se aplica para que el canciller no interfiera en el trámite del proceso: “La principal prueba en este proceso es Marta Lucía Zamora, exdefensora Jurídica del Estado de Gustavo Petro, nombrada por él, que había aprendido las alarmas y había informado sobre la posible irregularidad en la licitación de pasaportes”.

Además, recordó que, en diciembre de 2023, la Comisión Segunda del Senado adelantó un debate al canciller por este asunto: “Los senadores, incluidos muchos de la bancada de Gobierno, firmamos y aprobamos una proposición donde declaramos la insatisfacción con la respuesta del canciller”.

Para la senadora Carolina Giraldo, del partido Alianza Verde, ha habido dudas suficientes sobre el actual del canciller: “Es normal que se abran investigaciones porque hay dudas claras sobre el actuar del canciller. Los órganos de control deben responder a la siguiente pregunta: ¿el canciller quería parar un chanchullo de una licitación de uno, que es lo que dicen quienes lo defienden, o si estaba haciendo el chanchullo y haciéndole un mal al país?”.

Además, aseguró que esa investigación necesita ser despolitizada, pero considera que “desafortunadamente, con la Procuraduría no se ven esas garantías”.

A su turno, Mauricio Parodi, representante a la Cámara por Cambio Radical, recordó que fue la Cancillería fue quien diseñó el pliego y adjudicó el contrato.

Por ese motivo, indicó que tanto al canciller Leyva como a la Cancillería les ha “faltado humildad y sobrado arrogancia”, por lo que “la Procuraduría ha actuado según su saber y entender”.

“Andar comparando unos procesos con otros es un facilismo para defender al canciller. Hay que concentrarnos en cada caso, cada caso tendrá sus elementos jurídicos y pocas personas podrán conocer el expediente en detalle como para opinar si estuvo bien o mal la decisión de la procuradora”.

¿Por qué suspendieron al canciller Álvaro Leyva?

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación informó que el canciller Álvaro Leyva habría incurrido en faltas disciplinarias, “calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo”.

Una de las faltas del canciller, según el Ministerio Público, se configuró al “declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”.

Por ese motivo, el ente de control emitió cargos contra el ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.

El ente de control también reveló que la decisión se tomó “en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y el que funge como director del nuevo proceso contractual que se adelanta para la gestión de pasaportes”.