Imputan cargos a exfuncionarios del Distrito por expropiación irregular de un predio
Dentro de los implicados está María del Pilar Grajales Restrepo, quien hoy en día es la responsable de la compra de tierras en la Agencia Nacional de Tierras.
Imagen de referencia de TransMilenio. Foto: Colprensa.
Bogotá
La Fiscalía General determinó que la Alcaldía de Bogotá expropió y pagó $3.955 millones por un lote cuyo valor real era de $30.857 millones.
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Esta irregularidad tiene actualmente en líos a tres exfuncionarías del Instituto de Desarrollo Urbano y dos contratistas de Catastro quienes ya fueron presentados ante un juez de Garantías por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
Dentro de los implicados está María del Pilar Grajales Restrepo, quien hoy en día es la responsable de la compra de tierras en la Agencia Nacional de Tierras.
Se trata del lote conocido como Piedra Herrada, en la localidad de Usme, el cual era requerido por TransMilenio para la construcción de un patio taller del Sistema Integrado de Transporte. El propietario del terreno era Miguel Barranco, quien esperaba negociarlo mediante compraventa, pero sus expectativas se fueron abajo cuando arbitrariamente fue notificado de la expropiación.
Todo comenzó en el año 2018 cuando el contratista de Catastro, Carlos Eduardo Ramírez Gómez, hizo el avalúo de dicho lote de 87.000 metros cuadrados por valor de $3.955 millones. La revisión y aprobación la hizo July Marcela Rodríguez Mustafá, también contratista de Catastro.
Posteriormente con el Decreto 451 de 2019, firmado por el alcalde Enrique Peñalosa se declaró “la existencia de condiciones especiales de urgencia por motivos de utilidad pública e interés social, para la adquisición de los derechos de propiedad y demás derechos reales, por enajenación voluntaria o expropiación administrativa sobre los inmuebles y/o terrenos para la ejecución y puesta en marcha del Proyecto Urbano Integral denominado Infraestructura de soporte y acceso para vehículos y pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Público -SITP- de Bogotá, correspondiente al predio denominado Piedra Herrada.
El 30 de septiembre de 2019 el apoderado del terreno fue notificado de la oferta, quien no la habría aceptado al considerar que estaba por debajo de sus pretensiones. Formalmente solicitó que se revisara y se modificara el valor, sin embargo y según la denuncia hubo omisión y la respuesta es que se seguiría adelante con el proceso de expropiación, el cual se hizo efectivo dos años más tarde con la entrega del predio, 30 de septiembre de 2021.
En la audiencia de imputación de cargos la Fiscalía acusó a Carlos Eduardo Ramírez y July Marcela Rodríguez, contratistas de Catastro por el delito de falsedad ideológica en documento
La fiscalía reprochó al Distrito porque la expropiación se hizo ilegalmente y mediante documentos falsos
Por su parte a Sandra Constanza Baez, Ileana Indira Echavarría y María del Pilar Grajales, esta última directora técnica de pedios del IDU, la fiscalía les imputó el delito de fraude procesal
Ninguna de las cinco personas imputadas aceptó cargos y se irán a juicio alegando que supuestamente no hubo irregularidades.
Adicionalmente por este caso el Distrito también enfrenta una demanda ante el contencioso-administrativo.
