Ordenan cinco días de arresto contra alcalde y secretaria de Desarrollo Social de Pereira

Desde el 29 de diciembre de 2023 inició el proceso de tutela por parte de los beneficiarios del programa de albergues para el habitante de calle que ejecutaba la Alcaldía de Pereira solicitando la protección de sus derechos fundamentales ante el cierre de los establecimientos y la no continuidad del programa con el cambio de administración. Por lo que el Juzgado Décimo Penal Municipal instó a la Alcaldía entrante a adelantar las gestiones correspondientes para proteger a la población beneficiaria, que hace parte de la Asociación Ciudad Futuro.El pasado 2 de enero los tutelantes informaron de la falta de respuesta y de cumplimiento del fallo y el Juzgado inició un nuevo proceso solicitando puntualmente al alcalde de Pereira, Mauricio Salazar y a la secretaria de Desarrollo Social y Político (E), Diana Cristina Grisales Calvo , a informar las razones del desacato.En respuesta, solicitaron el archivo del incidente de desacato y el mandatario, Mauricio Salazar, manifestó que la respuesta era imposible en un tiempo tan corto y que aunque sí va a poner en marcha un programa para habitantes de calle, no lo hará bajo las mismas condiciones en las que estaba funcionando por considerarlo ineficiente.Dentro de las razones para emitir el desacato, el Juzgado indica que “su actitud resulta negligente, descuidada y relajada, indicaron que no estaban dispuestos a asumir los deberes legales ni colaborar con la administración de justicia”, esto, sobre la respuesta entregada por los dos funcionarios responsables.Igualmente, el fallo resuelve “Imponer a las personas mencionadas, la señora Diana Cristina Grisales Calvo y el señor Mauricio Salazar Peláez, sanción consistente en cinco días de arresto y multa de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes en favor del Consejo Superior de la Judicatura”.Salazar, señaló que está listo para cumplir la sanción y que no implementará el modelo de albergue como funcionaba por tener inversiones exageradas e irresponsables.En el fallo se solicitó también compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las conductas penales en las que hayan podido incurrir los funcionarios relacionados y que sea igualmente remitido a la Oficina Judicial.