Cronología: así han sido las dilaciones de la Fiscalía en el caso contra Álvaro Uribe

Dos juezas de la República y un Tribunal le negaron a la Fiscalía General de la Nación, en la era de Francisco Barbosa, su insistente propósito de precluir el proceso penal contra Álvaro Uribe Vélez, el que más lejos ha llegado en contra de un expresidente de Colombia.

Sigue La W hace la cronología del proceso que este 2024 completará cuatro años empantanado en la Fiscalía, mientras el reloj avanza y están a punto de vencerse los términos para que prescriba la acción penal.

El 11 abril de 2012, el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda, en debate de control político, pidió que se investigara al expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe por delitos de lesa humanidad en Antioquia por supuestos nexos con paramilitares, particularmente el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El 17 de septiembre de 2014, Cepeda radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos posibles riesgos de los testigos Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra. Ese mismo día, el expresidente Uribe denunció a Cepeda por supuesta manipulación de testigos.

El 6 de febrero de 2018, la investigación dio un giro inesperado y la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia contra Cepeda. Dijo, en cambio, que no era él sino Uribe quien estaría manipulando testigos, por lo que inició un proceso en su contra.

El 8 de octubre de 2019, el expresidente Uribe asistió a la Corte para rendir indagatoria y quedó formalmente vinculado por los delitos de soborno y fraude procesal.

El 4 agosto de 2020, la Sala de Instrucción de la Corte ordenó medida de aseguramiento preventiva y domiciliaria contra Uribe.

El 18 de agosto de 2020, Álvaro Uribe renunció a su curul en el Senado argumentando que no tenía garantías ante la Corte.

El proceso en la Fiscalía de Barbosa

En septiembre de 2020, la Corte ordenó el traslado del proceso a la Fiscalía debido a que el expresidente renunció a su fuero como congresista y los delitos por los que se le acusaba no estaban relacionados con la actividad de Uribe como legislador.

El caso llegó a la Fiscalía a manos de Gabriel Jaimes, fiel escudero del exprocurador Alejandro Ordóñez, aliado de Álvaro Uribe. La independencia de Jaimes fue cuestionada por lo que sería enemistad grave con uno de los abogados en el proceso, Ramiro Bejarano.

Jaimes llegó a la coordinación de fiscales delegados ante la Corte por designación directa de Francisco Barbosa, amigo personal del expresidente Iván Duque, cuyo jefe político es Álvaro Uribe.

El periodista Daniel Coronell advirtió que 45 días después de que Jaimes recibió la delegación del caso del expresidente Uribe, la esposa de este fiscal, Ruby Cecilia Durante, fue nombrada en un alto cargo en la Defensoría del Pueblo.

El 11 de septiembre de 2020, el fiscal Jaimes fue recusado, pero su jefe Barbosa negó el recurso. Jaimes pidió la preclusión del proceso a favor de Uribe, cuestionando incluso a la Corte Suprema de Justicia, por lo que la jueza 30 de garantías, Clara Ximena Salcedo, regañó a Jaimes pidiéndole que no desviara la atención del proceso.

Desde octubre de 2021, la Fiscalía se tomó cinco meses y cinco días para estudiar el expediente que le envió la Corte Suprema de Justicia y en marzo de 2022 sustentó su solicitud de preclusión que oficialmente se inició el 26 de julio de 2022 en su primera audiencia.

El 27 de abril de 2022, la jueza 28 penal del circuito judicial de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, le negó la solicitud de preclusión al fiscal Gabriel Jaimes y dijo que el ente acusador no ahondó lo suficiente para tomar la decisión a favor de Uribe. La jueza no sólo negó el cierre del proceso, como lo pedía la Fiscalía, sino que reprendió al fiscal del caso Gabriel Jaimes por su falta de diligencia para sustentar su decisión.

En agosto de 2022, el proceso cambió de fiscal. Gabriel Jaimes le pasó el expediente a su subalterno, el fiscal tercero delegado ante la Corte Javier Cárdenas, quien el 10 de octubre de 2022 pidió por segunda vez precluir el caso contra Uribe. Esto es 165 días después de la decisión de la jueza 28.

El 23 de mayo de 2023, la jueza 41 de conocimiento de Bogotá, Laura Barrera, le negó por segunda vez a la Fiscalía la solicitud de preclusión y advirtió que había méritos para llamar a Uribe a juicio.

La Fiscalía apeló la decisión y el caso pasó al Tribunal Superior de Bogotá. El 6 de octubre de 2023, el magistrado Carlos Guzmán leyó el fallo respaldado por otros dos magistrados, determinando:

• “Confirmar el auto proferido el 23 de mayo de 2023 (…) por el cual negó la solicitud de preclusión (archivo) de la acción penal adelantada por el exsenador Álvaro Uribe Vélez (…) el 9 de enero, justo cuando la Fiscalía tenía que decidir si solicitaba una nueva preclusión o llamaba a juicio al expresidente Uribe, el ente acusador emitió un comunicado anunciando que el fiscal del caso Andrés Palencia, renunciaba al expediente argumentando “razones personales, relacionadas con la salud de su familia”.

El proceso pasó a manos del fiscal Víctor Salcedo quien, según el periodista Daniel Coronell, debería declararse impedido, pues emitió un juicio de valor a favor del expresidente Uribe a través de una columna de opinión en la que cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia contra el exmandatario.

El nuevo fiscal tendrá que definir el futuro del proceso que en este 2024 completará 4 años de mano en mano en el ente acusador, donde los fiscales han desestimado las pruebas que sí consideró contundentes la Corte Suprema de Justicia.

En septiembre de 2024, según una teoría jurídica, podría prescribir el caso y cesar toda la acción penal en contra del expresidente por presunto fraude procesal y manipulación de testigos durante la Fiscalía de Francisco Barbosa, amigo personal de Iván Duque, cuyo jefe político es el investigado.