Procuraduría inhabilitó a la excongresista Argenis Velásquez por Cartel de la Toga
La exrepresentante a la Cámara fue sancionada, por haber entregado 130 millones de pesos a esa organización criminal para resultar favorecida en un proceso penal.
Argenis Velásquez. Foto: Cámara de Representantes
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de 15 años a la exrepresentante a la Cámara, Argenis Velásquez Ramírez (2014 – 2018) por haber pagado 130 millones de pesos a la red de corrupción judicial que permeó a la Corte Suprema de Justicia, denominada como el ‘cartel de la toga’.
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La decisión del Ministerio Público se dio específicamente por haber entregado esa suma de dinero a un funcionario del despacho del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Enrique Malo, con el objetivo de torcer las decisiones judiciales a su favor.
En ese sentido, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, determinó en un fallo de primera instancia, que la excongresista entregó esa suma de dinero al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruíz, utilizando como intermediario a su entonces abogado defensor Luis Gustavo Moreno Rivera, para frenar una posible orden de captura en su contra o un llamado a juicio por la presunta apropiación de 300 millones de pesos cuando se desempeñó como alcaldesa de Orito, Putumayo, entre 2009 y 2010.
También se concluyó en la investigación disciplinaria que la exrepresentante a la Cámara “desplegó actuaciones encaminadas a dar a un servidor público una suma de dinero para obtener beneficios en un proceso penal, lo que permitió establecer ‘en grado de certeza la materialidad de la falta endilgada’ y la responsabilidad de la procesada”.
Igualmente, la Procuraduría señaló que mostró “un desprecio total por la administración pública, la ética y la honradez que debe guiar el ejercicio de la función pública, más aún si se trata de una servidora que fue elegida por voto popular, de quien la sociedad espera un comportamiento libre de mácula, transparente y correcto”.
El testimonio de Luis Gustavo Moreno Rivera, quien en su momento fue su abogado defensor, fue determinante en el proceso penal por el ‘cartel de la toga’.
De acuerdo con el fallo de la Procuraduría, Velásquez Ramírez violó el principio de moralidad que regula la función administrativa y calificó su falta como gravísima cometida a título de dolo.
La decisión de primera instancia puede ser apelada.
