Mediante decreto, Gobierno de Milei oficializó la baja de 7.000 empleados públicos
Esta medida afecta a empleados transitorios y de otras modalidades de contratación en la administración nacional y entes públicos, excluyendo a quienes trabajan en empresas o sociedades estatales.
El Gobierno, como parte de su estrategia para ajustar el Estado, ha decidido rescindir los contratos de los empleados públicos que se incorporaron durante este año. La medida fue confirmada con la firma del presidente Javier Milei y la publicación del Decreto 84/2023 en el Boletín Oficial en la madrugada de este martes.
El decreto establece que las contrataciones de aquellos que comenzaron a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023 en ciertos organismos no serán renovadas, abarcando a empleados transitorios y de otras modalidades de contratación en la administración nacional y entes públicos.
La decisión afecta aproximadamente a siete mil empleados de diversas áreas gubernamentales, excluyendo a quienes desempeñan funciones en empresas o sociedades estatales. Los trabajadores de planta permanente y aquellos con contratos regulados por ley quedan exentos, al igual que aquellos cuya modalidad de trabajo haya cambiado antes del 1 de enero de 2023. Se permitirá la renovación de contratos considerados esenciales, aunque de manera restrictiva y debidamente fundamentada.
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 8 del 10 de diciembre de 2023 respalda esta medida, enmarcándola en la necesidad de racionalizar recursos tras la modificación de la ley de Ministerios. Además, se destaca la proximidad del vencimiento de contratos de 12 meses, según la normativa vigente. En otro frente, el Gobierno prorrogó el Decreto 77/2023, que prohíbe nuevas contrataciones en el Estado, hasta el 31 de marzo de 2024, continuando una medida implementada por el Gobierno anterior en julio de 2022.
Tras la reciente desregulación económica mediante un mega decreto, y esta acción que ajusta el Estado, se espera que el Gobierno de Milei presente un paquete de proyectos de ley en el Congreso. Entre las propuestas, se contempla el congelamiento de salarios para empleados públicos y se rumorea la posibilidad de reducir los sueldos de aquellos de alta jerarquía. La discusión sobre estas medidas se espera que se dé durante las sesiones extraordinarias convocadas entre el 26 de diciembre y el 31 de enero.