Colombia puede quedarse sin pasaportes: Contraloría cuestiona contrato de emergencia

Colombia puede quedarse sin pasaportes. La Contraloría General de la República dice que es ilegal la declaración de urgencia manifiesta que usó el Ministerio de Relaciones Exteriores para contratar directamente con Thomas Greg and Sons cuando declaró desierta la licitación.

El Reporte Coronell conoció la Resolución de 16 páginas firmada por José Ignacio Arango Bernal, contralor delegado para la gestión pública e instituciones financieras, resolución que ustedes pueden ver a partir de esta hora en la página de La W.

Allí el máximo ente de control fiscal determina que el Ministerio de Relaciones Exteriores no podía declarar la urgencia manifiesta, ni contratar directamente la elaboración de los pasaportes, ya que la situación no era imprevisible, fue creada por la propia Cancillería que fue la entidad que declaró desierta su propia licitación.

Señala la Contraloría que la Cancillería tuvo la posibilidad de usar las etapas previas de la licitación pública 001 de 2023 para corregir las condiciones que impidieron la pluralidad de los oferentes, pero que dejó pasar el tiempo y solo vino a darse cuenta del asunto en una etapa en la que ya no había nada que hacer.

La resolución dice textualmente: “Ninguno de esos hechos, propios del proceso precontractual, pueden estar enmarcados dentro de las figuras de la fuerza mayor o el caso fortuito, por cuanto la administración en uso de sus facultades y en virtud de las reglas establecidas en el pliego de condiciones, contaba con las etapas necesarias para evidenciar la vulneración a los principios de participación o libre concurrencia, eficacia, eficiencia, transparencia, economía y al deber de selección objetiva, en la medida que en las respuestas a las observaciones realizadas por interesados en ofertar y participar del proceso, debió establecer la presunta inobservancia de dichos principios y con ello corregir el rumbo del proceso, para evitar un menoscabo en los derechos de participación y libre concurrencia de todo aquel interesado en presentar oferta”.

Lo que dice la Contraloría es muy grave. Ni más ni menos que la situación era previsible y la Cancillería usó un recurso extraordinario para tapar sus propias fallas tratando de vestir de “urgencia manifiesta”, lo que era realmente un resultado previsible de su propia actuación.

“En este sentido, no puede predicarse que el referido auto de autoridad pública sea ajeno al factor volitivo de quien declara el estado de urgencia manifiesta, sino que contrario a ello, el hecho correspondía a su absoluto dominio y decisión. Se reitera que frente a posibles vulneraciones a garantías fundamentales ocurridas en el proceso de licitación, tales como la afectación al principio de libre concurrencia, selección objetiva y otros, la misma autoridad pública ostentaba no solo la facultad sino el deber de tomar las medidas correctivas”

Por todo eso, la Contraloría dice que no es cierto que fuera imprevisible, ni irresistible lo que sucedió, por cuanto el Ministerio de Relaciones Exteriores –y su jefe el canciller Álvaro Leyva– podían vislumbrar las falencias de la licitación y tuvieron la oportunidad de corregirlas a tiempo.

También dice el documento que el contralor General de la República le advirtió al secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, que el proceso de licitación debería ser corregido para prevenir “la pérdida de recursos públicos con la implementación de medidas por parte de la Entidad, se insta al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para que en el ejercicio de la licitación pública referenciada adopte todas las medidas necesarias y aplique los recursos legales que disponga a efectos de evitar que se materialice un posible detrimento patrimonial al Estado y se cumpla con el objeto de la contratación que en este caso obedece a una necesidad de alto impacto social”

Todo esto reitera que el canciller Álvaro Leyva y el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, en su calidad de representante legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, tuvieron la posibilidad de corregir el rumbo de la licitación que su propia administración abrió.

Sin embargo, el canciller esperó hasta una fase en la que era imposible devolver los efectos jurídicos de la evaluación para declarar desierta la licitación. Así expuso la continuidad del servicio y pretendió solucionarlo con una contratación directa identificando como “hecho imprevisible e irresistible” lo que en realidad era el resultado de su descuido en las fases precontractuales de la licitación.

Las consecuencias de esta resolución de la Contraloría, sobre la cual procede aún un recurso de reposición, sería por un lado el establecimiento de la plena responsabilidad fiscal de altos funcionarios de la Cancillería sino también la ilegalidad del contrato directo para la elaboración de los pasaportes, con lo cual la crisis empezaría a ser sentida por los ciudadanos.

En todo esto hay dos nombres que se repiten:

–El primero es el del canciller Álvaro Leyva, que en todo esto ha querido alegar a su favor su propia culpa. Sin asumir la responsabilidad de un proceso que estuvo dirigido por su administración de principio a fin. Donde no se ha explicado el interés de su hijo Jorge Leyva, de su amigo Álex Vernot, para cuya esposa reabrió una misión diplomática en París, ni del exfiscal Juan Carlos Losada, quien lo favoreció hace años con una preclusión de un proceso penal y a quien nombró Director Jurídico de Asuntos Internacionales, sin tener experiencia en derecho internacional, y después su delegado en el Comité de Conciliación, sin tener tampoco experiencia en contratación pública o conciliación.

–El segundo gran nombre que surge es el del secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, quien como representante legal del Fondo Rotario del Ministerio de Relaciones Exteriores abrió y dirigió la licitación que después anuló su jefe Álvaro Leyva. El secretario general José Antonio Salazar luego se declaró impedido y se retiró del comité de conciliación que recomendó llegar a un acuerdo con el contratista, la UT de la que hace parte Thomar Greg and Sons, para evitarle a los contribuyentes el riesgo de perder 117.000 millones de pesos, más los intereses, que es lo que puede suceder ahora.

El doctor José Antonio Salazar es la persona con la cual todos los periodistas quisiéramos hablar.

Este debería ser el último Reporte Coronell del año. A esta hora les debería dar las gracias y decirles que nos volvemos a ver en enero, pero quizás a las 10 de la mañana volvamos aquí para conversar con uno de los principales protagonistas de esta historia.