Procuraduría pide al SENA revocar licitación de e-learning para la entidad

Revista Alternativa reveló que la Procuraduría General de la Nación, a través de un documento expedido este 21 de diciembre, pidió frenar la cuestionada licitación del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para la empresa que daría soporte al e-learning de la entidad.

El objeto de esta licitación, según cita el documento, es: “Contratar los servicios de una plataforma de aprendizaje virtual tipo E-Learning – LMS, que apoye los procesos de la Dirección de Formación y demás áreas de la comunidad SENA que requieran el uso de las características de este servicio, a través de herramientas que permitan su acceso y utilización en los diferentes entornos de conectividad, con la finalidad de ampliar la cobertura de la formación y contribuir en el desarrollo social, rural, económico, cultural y tecnológico del país:

Dicho contrato, cuyo valor es de $78.191.230.624 y que cuenta con un plazo de ejecución de 34 meses, había sido cuestionado después de que Sigue La W revelara que los pliegos presuntamente estarían direccionados para beneficiar a la firma o consorcio que desde el 2019 ha venido desempeñando ese rol.

Ahora, la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública aseguró que, “con el fin de evitar afectaciones a los derechos de las personas, al patrimonio público y al ordenamiento jurídico”, presentó una serie de observaciones y recomendaciones “frente a los documentos y requisitos establecidos por el SENA en el proceso de contratación LP-DG-0003-2023″ publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II.

Además, sugiere analizar “si, en virtud de la vulneración del parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, y por constituir una irregularidad manifiesta en las reglas del procedimiento de selección, es procedente revocar el acto administrativo de apertura, atendiendo lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011″.

Entre las preocupaciones expresadas por el Ministerio Público está la exigencia establecida por el SENA sobre certificaciones ISO, “las cuales se encuentran expresamente prohibidas por el Estatuto de Contratación Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007″.

Dicho requisito de certificaciones ISO establecido por el SENA, según la Procuraduría, podría “vulnerar los principios de libre concurrencia, pluralidad y participación, cercenando a la entidad al mismo tiempo, la posibilidad de recibir mejores ofertas para cumplir con el objeto contractual”.

Por ese motivo, el ente de control pidió al SENA que las condiciones de la licitación “se ajusten a los principios y normas del Estatuto General de Contratación Pública”.