Alerta por situación de orden público en el Chocó: denuncian nuevos hechos de violencia

La Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Chocó, nuevamente llamó la atención sobre el confinamiento de varias comunidades de Juradó y municipios vecinos. Por ese motivo, pidió a las autoridades del orden nacional, departamental y local a “poner en marcha medidas que permitan conjurar lo que están viviendo los moradores”, según afirmó la entidad en un comunicado.

Carlos Camargo, defensor del Pueblo, hizo un llamado a la protección de los derechos de la población: “Los homicidios y el aumento de las amenazas agudizan cada vez más la crisis humanitaria que desde hace varios días padecen los habitantes de Nuquí, Juradó y Bahía Solano. Necesitamos que nuestro llamado sea atendido: es urgente la implementación de un plan integral de protección de los derechos humanos de toda la población de la subregión chocoana del Pacífico Norte”.

Incluso, reveló la Defensoría, hasta los denominados lancheros suspendieron el servicio de transporte público de pasajeros ante el temor de la población civil: “Se niegan a hacer viajes y hoy sus embarcaciones permanecen en los puertos de embarque”.

Esto ocurrió después de que uno de los transportadores, según testimonio de la comunidad, fue “interceptado por criminales y obligado a detenerse cuando se dirigía de Juradó a Bahía Solano”. Posteriormente, con armas de fuego en mano, “le ordenaron a un joven bajarse de la embarcación, quien, sin tener otra opción, debió hacerlo” y, días después, fue reportado su asesinato.

Migración Colombia no presta servicio

Según la Defensoría, en Juradó fue encontrado el cuerpo de una persona y hay alrededor de 30 personas amenazadas de muerte por grupos armados ilegales. Por eso, advierte, la población busca salir del pueblo para proteger su integridad y vida.

“Quieren desplazarse hacia Panamá, donde tienen familiares, pero no pueden hacerlo porque no están sellando pasaportes en Migración Colombia. La razón es que las oficinas de esa entidad gubernamental en Bahía Solano y Juradó suspendieron los servicios porque sus funcionarios argumentaron sentirse inseguros”, indicó Camargo .

Bahía Solano y Nuquí

El pasado 12 de diciembre, en Bahía Solano, miembros de un grupo armado ilegal dejaron un cadáver en el casco urbano y, al día siguiente, también fue ultimada una persona: “En la parte superior de su cuerpo dejaron un panfleto amenazante cuyo texto estaba firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo)”.

En Nuquí, el 13 de diciembre, fue encontrado el cuerpo de un hombre, también con un cartel de las AGC, en el sitio que conduce, por el margen de la playa, al corregimiento Tribugá.

Amenazas vía Whatsapp

A través de la aplicación Whatsapp, los habitantes de los tres municipios han recibido volantes con amenazas de muerte. Además, no salen de sus casas después de las siete de la noche por temor a ser blanco de los actores armados al margen de la ley. Ello ha generalizado el temor de las comunidades afro e indígenas.

El 14 de diciembre se desplazaron, por la agudización del conflicto entre la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, 68 personas (alrededor de 10 familias y un concejal electo de Juradó) desde la subregión del Pacífico Norte hacia Buenaventura en un buque de la Armada Nacional.

El defensor Camargo agregó: “Hace un par de días, en consejo extraordinario de seguridad, nuestro defensor regional Chocó solicitó más presencia de las fuerzas de seguridad del Estado. Sea esta también la oportunidad para reiterar la presencia sólida de la fuerza pública en la subregión del Pacífico Norte, que infortunadamente se convirtió en campo de enfrentamientos por el control territorial y social entre los grupos armados ilegales”.