Fiscalía de Ecuador pide ingreso a prisión para presidente de Judicatura y otros detenidos
Las detenciones se realizaron en un megaoperativo desarrollado en la madrugada del jueves, que conllevó más de 38 órdenes judiciales de detención y 75 allanamientos de viviendas.
Bandera de Ecuador. Foto: Getty Images / Sergio Amiti
La Fiscalía de Ecuador solicitó el ingreso en prisión provisional para 30 detenidos por el caso denominado ‘Metástasis’, incluido el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, al que el Ministerio Público otorga un rol importante en esta presunta gran trama de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial para favorecer al narcotráfico a cambio de sobornos.
En una maratónica audiencia de formulación de cargos que comenzó en la tarde del jueves y que continúa hasta ahora, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, pidió el encarcelamiento preventivo de todos los detenidos mientras prosiguen las investigaciones bajo los cargos de presunta delincuencia organizada.
Solo para el exjuez penal Ronald Guerrero solicitó arresto domiciliario, por ser mayor de 65 años, condición que lo exonera de ir a prisión preventiva.
El Ministerio Público también pidió en la audiencia a cargo del juez Felipe Córdova, de la Corte Nacional de Justicia, que las cuentas bancarias de los 31 detenidos sean retenidas y se dicte la prohibición de enajenar bienes.
Para la Fiscalía, todos los detenidos eran parte de una estructura creada en diferentes niveles del Estado y en varias provincias del país para favorecer a Leandro Norero, uno de los presuntos grandes narcotraficantes de Ecuador, asesinado el año pasado en la cárcel de Latacunga, a 70 kilómetros al sur de Quito.
Al registrar los teléfonos celulares de Norero tras su asesinato halló “evidencias” de una red de influencias y sobornos conformada por funcionarios judiciales de la Corte Nacional y cortes provinciales de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Cotopaxi y Guayas, a cambio de beneficios judiciales.
Las detenciones se realizaron en un megaoperativo desarrollado en la madrugada del jueves, que conllevó más de 38 órdenes judiciales de detención y 75 allanamientos de viviendas en siete de las veinticuatro provincias del país, con el despliegue de más de 900 personas entre fiscales y policías.
