Fiscalía obstaculizó a JEP en caso de ‘Jesús Santrich’: Antonia Urrejola, experta de ONU

Contexto político desfavorable después del acuerdo, uso abusivo de persecución a funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), violencia a personas firmantes del acuerdo y vulneraciones del derecho a la seguridad jurídica, son algunas de las observaciones preliminares que reveló Antonia Urrejola, experta independiente de derechos humanos de la ONU.

La experta en derechos humanos afirmó que hubo obstaculización y demora por parte de la Fiscalía a la JEP en el caso de ‘Jesús Santrich’, generando como consecuencia una afectación al debido proceso.

“Si ven el caso de Jesús Santrich, esto partió en el año 2018 y el tema se resolvió un año después con Santrich privado de la libertad y con oficios que iban y venían entre la JEP y la Fiscalía. Me parece que es un tema que causó una demora excesiva y afectó el debido proceso”.

La experta en DD.HH. señaló que también hubo una persecución abusiva en contra de tres exfuncionarios de la JEP. Se trata de Martha Lucia Zamora, Yuli Milena Sampayo y Luis Ernesto Caicedo, quienes eran los encargados de autorizar la salida del país a firmantes de paz.

Por otra parte, recalcó que la retención de Santrich aceleró el regreso a las armas de algunos excomandantes.

“Yo no digo que el caso mismo es el responsable, pero sí de alguna manera acelera que algunos firmantes del acuerdo vuelvan a los territorios y dejen las armas”.

Dentro de este informe preliminar, Urrejola dijo que debe existir una estrategia intersectorial para la protección integral de los firmantes de paz y víctimas más allá de los esquemas de protección que pueda brindar la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“El trabajo de la UNP no es suficiente. La responsabilidad de prevenir la ocurrencia del riesgo y proteger a las personas firmantes recae primeramente en las autoridades locales y nacionales y no es una responsabilidad exclusiva de la UNP. De forma conjunta con las fuerzas militares y policiales, las entidades competentes y los firmantes del acuerdo de paz, se deben crear planes y acciones preventivas y no solamente reactivas”, dijo.

Y es que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas ha indicado en su informe con corte a 26 de septiembre de 2023, que ha verificado 394 asesinatos de firmantes.

Según Urrejola, le informaron que esta cifra ha ascendido a 404 homicidios, entre ellos 49 indígenas, 57 afrocolombianos y 11 mujeres.

Sobre la seguridad jurídica de los firmantes de paz, comentó que le han llegado muchos casos en lo que no saben cuál es el estado de su situación jurídica.

“He recibido testimonios de que muchas personas firmantes que se encuentran en procesos de reincorporación no saben de su realidad judicial, impidiendo el acceso a garantías del acuerdo, a servicios y a empleos. Firmantes me manifestaron que aún siguen siendo retenidos por las fuerzas de seguridad por tener vigentes órdenes judiciales que debieron ser amnistiadas. El manejo adecuado de las notificaciones para asegurar la garantía de los derechos de los firmantes debe ser una prioridad del Estado”.

Finalmente, celebró que el actual Gobierno tenga voluntad política de implementar el acuerdo de paz.  “Aliento a que se sigan concretando los esfuerzos para la implementación del acuerdo, como camino hacia la paz, la garantía de derechos para toda la población colombiana y la no repetición de las graves violaciones de derechos humanos”, concluyó.