Asociatividad y equidad: las claves para lograr la prosperidad social en Colombia
Lograr un crecimiento socioeconómico inclusivo requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad. Conozca aquí el las conclusiones que dejó el diálogo de más de 30 expertos sobre cómo está el país en materia de desarrollo social.
Utilizar las transferencias monetarias como herramientas para generar capital en las economías populares y eliminar los estigmas alrededor de la formalización laboral fueron dos de las conclusiones del Desafío ‘Desarrollo social: estrategias para la inclusión y la reconciliación’. | Foto: Prisa Media
En un país en el que casi 7 millones de habitantes se encuentran en pobreza monetaria extrema, resulta necesario hablar de prosperidad social y revisar qué tan efectivas están siendo las políticas que buscan garantizar la equidad y el cumplimiento de los derechos básicos de los ciudadanos. ¿Está la inversión social dirigida a los sectores que realmente la necesitan? ¿Se están construyendo los planes de Gobierno desde una perspectiva incluyente?
Para responder estas y más preguntas, más de 30 expertos se reunieron en la Torre Atrio (Bogotá) en el Desafío ‘Desarrollo social: estrategias para la inclusión y la reconciliación’, un espacio organizado por Prisa Media para enriquecer el debate sobre cómo puede Colombia lograr que sus niveles de productividad aumenten con el objetivo de comenzar a cerrar las brechas sociales que prevalecen en el territorio.
Durante la jornada, los participantes hablaron a profundidad sobre los principales retos que existen en la ruta para lograr una prosperidad socioeconómica, como la desigualdad de ingresos y la poca flexibilidad en las condiciones de formalización que se encuentran los trabajadores informales que, a corte de julio de 2023, representaban el 56% de las personas ocupadas en el país, según el DANE.
El Departamento para la Prosperidad Social de Colombia es pionero en el mundo en la creación de bonos de impacto social en países emergentes. | Foto: Prisa Media
“Debemos dejar de confundir informalidad con ilegalidad, y quitar esa idea de que la formalización simplemente implica pagar impuestos. Hay que quitarle el miedo a la gente de formalizarse, y buena parte de ello se logra confiando en los proyectos de las comunidades y cooperativas”, comentó Laura Sarabia, Directora del Departamento para la Prosperidad Social.
En ese sentido, comenzó a tomar protagonismo la idea de la Economía Popular, un concepto adoptado por el Gobierno actual con el que buscan que “los oficios de la economía de los territorios y sus aportes a la economía nacional sean reconocidos, caracterizados y visibilizados dentro de las cuentas nacionales”. En otras palabras, pasar de entender ese sector dentro de la categoría de subsistencia para enmarcarlo como un actor más dentro del mercado estatal.
Una de las propuestas más llamativas alrededor de la búsqueda de dicho objetivo se centró en el cooperativismo. Varios de los presentes destacaron la eficiencia de este modelo a la hora de promover la asociatividad e impregnar de solidaridad a los diferentes sectores, al igual que su utilidad a la hora de, por ejemplo, ofrecer asistencia técnica.
Para los asistentes es clave que la sociedad comprenda que los recursos que se plantean redistribuir vienen de los aportes conjuntos, por lo que el desarrollo social y la prosperidad están en manos de todos los colombianos. | Foto: Prisa Media
Con los modelos cooperativistas, la efectividad de los programas estatales aumenta, ya que los esfuerzos dejan de estar regados entre particulares para concentrarse en un grupo de ciudadanos con un objetivo común: promover su propio desarrollo.
“Las cooperativas son un mecanismo eficiente para organizar a las personas, para la producción de bienes y servicios, producción de obras, organización del consumo, el acceso a la inclusión financiera, recuperación de empresas en crisis y la atención de grupos poblacionales”, puntualizó Carlos Acero, presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia.
Paralelamente, se discutió la necesidad de entender que más del 90% del tejido empresarial colombiano está conformado por Mipymes, con lo que ello acarrea: muchos de estos negocios no tienen dentro de sus proyecciones convertirse en grandes centros productores, sino continuar asegurando la economía familiar del día a día. El Estado, en ese sentido, juega un papel clave para cambiar el paradigma. El objetivo final es consolidar una economía robusta, incluyente y confiable, capaz de impulsar el desarrollo desde los territorios, donde abundan este tipo de empresas, y dejar de concentrar los capitales en las grandes ciudades.
Los panelistas coincidieron en la importancia de cambiar la terminología de "gasto social" a "inversión social". | Foto: Prisa Media
Según Tania Rodríguez, directora programática de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, el Estado puede convertirse en uno de los mayores compradores de, por ejemplo, los productos de los proyectos productivos que lideran las cooperativas creadas por ex combatientes
“Se puede ajustar la normativa para empezar a comprarle a estos productores y también las lógicas de formalización para este tipo de negocios”, puntualizó, haciendo referencia a que hoy en día muchas personas se abstienen de formalizarse por la cantidad de requisitos e impuestos con los que deben cumplir.
Por otro lado, los panelistas coincidieron en que las transferencias monetarias -como la Renta Ciudadana-, pueden convertirse en una herramienta estratégica para impulsar ese desarrollo social si dejan de ser entendidas bajo el enfoque asistencialista y cortoplacista.
Una buena caracterización poblacional y la identificación precisa de necesidades en los territorios ayudarán, según Johana Cubillos, directora de Transferencia Monetaria del Departamento para la Prosperidad Social, a que “el recurso sea un impulso para la economía popular, es decir, para la generación de capital que ayude a potencializar sus proyectos”.
