Magistrado de Tribunal Constitucional tacha de “imposible jurídico” liberación de Fujimori
Este miércoles, el presidente del Tribunal Constitucional de Perú, Francisco Morales, afirmó que las autoridades “deben proceder a la excarcelación inmediata” de Fujimori.
Ex presidente peruano - Alberto Fujimori
El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) de Perú Manuel Monteagudo consideró “un imposible jurídico” que se afirme que una resolución que dictó esa instancia ordena la excarcelación del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), a pesar de que el presidente del organismo declaró este miércoles que sí debe ser liberado.
“Es un imposible jurídico desde el momento en que la decisión del Tribunal Constitucional ha sido considerada inconvencional. Esto no podría ser”, declaró Monteagudo en la emisora RPP.
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Agregó que emitió un voto singular sobre la resolución del TC porque considera que la situación jurídica de Fujimori debió ser resuelta directamente por el Constitucional y no remitirla al magistrado que evalúa un habeas corpus presentado a favor de la liberación del exgobernante en la ciudad sureña de Ica.
Este miércoles, el presidente del TC, Francisco Morales, afirmó que las autoridades “deben proceder a la excarcelación inmediata” de Fujimori, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó el año pasado que no se ejecute otra sentencia que decidió la restitución del indulto otorgado en 2022 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Morales dijo que la decisión ya se remitió al juez de ejecución del habeas corpus en Ica y defendió su cumplimiento por encima de la resolución de la CorteIDH con el argumento de que esta “es una cuestión que va más en el ámbito de la política internacional”.
Monteagudo señaló, por su parte, que el TC ha hecho un examen del indulto otorgado en 2017, no de “la situación actual del señor Fujimori” y que no se puede “negar una realidad objetiva” de que el exgobernante “ha sido condenado por un delito gravísimo y ahí hay una ponderación que se tiene que hacer”.
“Frente a eso, la CorteIDH, a través de unas denuncias presentadas por las víctimas, ordena al Estado peruano que se abstenga a dar cumplimiento al fallo del Tribunal Constitucional y luego, al terminar de analizar el fondo, concluye que esa decisión es inconvencional”, remarcó.
Este miércoles, el abogado Carlos Rivera, defensor de los deudos de las víctimas de las masacres por las que fue condenado Fujimori, adelantó a EFE que volverá a acudir a la Corte Interamericana si se ordena la liberación del exmandatario.
“Vamos a ver si el día de hoy hay algún tipo de decisión en el juzgado de investigación preparatoria de Ica. Obviamente el camino que automáticamente tomaremos es solicitar a la Corte Interamericana un nuevo proceso de supervisión de cumplimiento”, dijo.
El abogado recordó que “Perú es parte de un sistema internacional de justicia en derechos humanos” y sostuvo que “no se puede decir que una sentencia del TC puede traerse abajo una resolución y una sentencia, o varias sentencias, de la Corte Interamericana”.
El indulto, otorgado el 24 de diciembre 2017, ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, luego que la CorteIDH pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.