La Fiscalía quiere precluir hoy el caso por la muerte de Jorge Enrique Pizano

El ingeniero Jorge Enrique Pizano recopiló y entregó las pruebas determinantes para establecer las irregularidades en la ejecución del contrato de la Ruta del Sol 2. Detrás de esas irregularidades estaban los multimillonarios sobornos de Odebrecht, un escándalo que aún no termina y que revive de tiempo en tiempo.

El ingeniero Pizano murió súbitamente el 8 de Noviembre de 2018. Desde ese momento hubo dudas sobre las causas de su deceso. Las sospechas se acrecentaron cuando tres días después su hijo, Alejandro Pizano, quien había venido desde Europa al sepelio murió envenenado con cianuro después de probar una botella de agua que estaba en el estudio de su padre.

Las sospechas nacen de la inexistencia de una investigación independiente sobre estas muertes. El Instituto de Medicina Legal depende de Fiscalía y en ese momento el fiscal general era Néstor Humberto Martínez, grabado por Pizano, reconociendo que había coimas en Odebrecht, situación que él conocía antes de ser fiscal.

El entonces director de Medicina Legal, el doctor Carlos Valdés, renunció en medio de un escándalo diciendo que un rastro de sangre en una toalla del ingeniero Pizano indicaba que no había sido envenenado con cianuro. Poco después reconoció que no era sangre, sino saliva pero que, en todo caso, no había sido envenenado. Difícil establecer de cuando era la saliva y si se podía llegar tan rápidamente a esa conclusión.

El cuerpo del ingeniero Pizano fue cremado y los forenses solo conservaron unos tejidos, de los que se han valido para sostener que en esos restos no hay cianuro.

Pues bien, la familia Pizano quiere que se investigue la posibilidad de un homicidio y tiene varias razones para pedirlo:

1. En primer lugar, sostienen que los tejidos restantes del ingeniero Pizano no sirven para descartar que fue envenenado con cianuro. La razón es simple: esos tejidos fueron conservados en formol y esa sustancia borra los rastros del cianuro.
2. La Fiscalía ha sostenido todos estos años que la botella envenenada con cianuro que mató a Alejandro, el hijo del ingeniero Pizano, había sido comprada por el propio Pizano en un supermercado D1. La prueba, según la Fiscalía, es el código de barras en la etiqueta que indica el lugar de venta. La familia tiene pruebas de que ese código de barras no determina el sitio donde fue comprada. Para demostrarlo compraron botellas de la misma marca en varios supermercados y en diversas ciudades y –asómbrense– todas tienen el mismo código de barras de la botella fatal. A partir del código no se establece el lugar de venta, ni que haya sido comprada por el ingeniero, solo es el código de identificación de esa marca de agua para los inventarios.
3. Por cierto, la botella envenenada no tiene una sola huella digital. Aunque pasó de mano en mano antes de entrar a la cadena de custodia de la Fiscalía, no aparece el rastro dactilar de nadie. El propio perito judicial explica la situación en estos reveladores términos: “pues la pueden haber limpiado”.
4. El análisis de seguridad hecho por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez asegura que la casa rural de Subachoque donde murió el ingeniero Pizano era supremamente segura, prácticamente inexpugnable. La familia tiene pruebas de que incluso un niño podía cruzar la cerca con alambre de púas que delimitaba la propiedad. Es decir que un extraño pudo haber entrado fácilmente a la casa para dejar el veneno.
5. Esto es muy importante. El teléfono celular de Jorge Enrique Pizano fue alterado, le borraron información. El aparato estuvo en manos de los investigadores de la Fiscalía entre el 18 y el 23 de noviembre de 2018 porque la familia lo entregó voluntariamente en una diligencia de inspección judicial. La Fiscalía jamás lo aportó como prueba porque no cumplieron el término perentorio de 36 horas para legalizarlo por lo cual la potencial evidencia fue rechazada por un juez de control de garantías. Y aquí viene quizás lo más interesante: El año pasado en un peritazgo ordenado por los apoderados de la familia encontraron que habían desaparecido unas conversaciones que Jorge Enrique Pizano había sostenido y que son fundamentales para el caso Odebrecht. No aparecen, entre otros, sus intercambios de WhatsApp con los periodistas Cecilia Orozco, directora de Noticias Uno, Iván Serrano, entonces reportero del mismo noticiero, y la columnista de la entonces revista Semana María Jimena Duzán. Por fortuna, ellos tres, conservan en sus archivos las conversaciones que tuvieron con el ingeniero Pizano y las grabaciones que él les suministró.

A pesar de estos indicios que ameritan una investigación profunda sobre las causas de la muerte del testigo Jorge Enrique Pizano, la saliente Fiscalía de Francisco Barbosa quiere que el caso se cierre y hoy se celebra una audiencia de preclusión con ese propósito.

Empieza en unos minutos ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Funza, Cundinamarca. Así esperan enterrar el caso por la muerte del principal testigo del caso Odebrecht. Les recomiendo estar pendientes, ustedes saben que cuando empiezan los villancicos los poderosos hunden el freno o el acelerador de los casos judiciales, según convenga.

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