Acuerdo entre sindicatos y Gobierno para derogar decreto de ‘Piso de Protección Social’

Una de las reclamaciones más importantes de las centrales obreras ante el Gobierno Nacional y la Organización Internacional del Trabajo, se cumplió este lunes al confirmarse que llegó a su fin el decreto del ‘Piso de Protección Social’.

El gran acuerdo fue confirmado por el mismo Ministerio del Trabajo, el que a través de su titular, Gloría Inés Ramírez, dijo: “Hemos llegado a un acuerdo con presencia de la OIT, de una conciliación voluntaria por primera vez ocurrida en el continente americano, en torno a que se retira esta querella y el Gobierno Nacional se compromete expresamente a derogar el decreto 1174 del Piso de Protección Social, que ya estaba inactivo sobre la base de la sentencia 276 de la Corte Constitucional. Este Gobierno se compromete a seguir avanzando, continuaremos teniendo reuniones periódicas para la realización del monitoreo y hacer seguimiento del decreto derogatorio y sobre todo, de las medidas que favorezcan a las y los trabajadores de Colombia”.

Se debe recordar que los sindicatos del país durante sus diferentes manifestaciones y reclamaciones argumentaron que el “decreto 1174 del Piso de Protección Social, recortaba los derechos de las y los trabajadores en Colombia, que, por no tener un salario mínimo, se le negaba el acceso a la pensión”.

Tanto el Gobierno como las centrales obreras del país resaltaron que es la primera vez que un país de la región logra un acuerdo sobre una queja internacional ante el Consejo Administrativo de la OIT, permitiendo así se cierre la reclamación que se había interpuesto.

En el acuerdo alcanzado quedó estipulado que:

• Derogar expresamente el decreto 1174 de 2020 (Piso de Protección Social), aunque el precitado decreto no se esté aplicando, en virtud de la Sentencia C-276 de 2021 de la Corte Constitucional.
• El Gobierno, promoverá y apoyará iniciativas normativas que posibiliten que los trabajadores y trabajadoras que laboran al servicio de otra persona (natural o jurídica), a tiempo parcial o de menores ingresos, sean afiliados obligatorios en calidad de dependientes, del Sistema de Seguridad Social Integral.
• El Gobierno impulsará iniciativas que garanticen el trabajo decente y la justicia social a través del rediseño del sistema de protección social, para asegurar la oferta necesaria, pertinente y de calidad, que garantice una protección universal frente a los riesgos en salud, desempleo y la vejez.
• El Gobierno con la asistencia de la OIT, adoptará medidas para que los trabajadores informales, tengan derecho a la seguridad social, incluido el reconocimiento de prestaciones económicas relacionadas con incapacidades de salud de origen común y de riesgos laborales, maternidad y paternidad, que pueda surgir.
• A este respecto, el Gobierno se compromete a que cualquier iniciativa gubernamental, cambio normativo y medidas adoptadas serán consultadas de manera tripartita.
• Las partes acuerdan adoptar una hoja de ruta que contemple medidas de divulgación y campañas de sensibilización para avanzar en la protección social de los trabajadores.
• Las partes de este acuerdo de conciliación se reunirán al menos cada dos meses, durante el siguiente año, para hacer seguimiento al cumplimiento de lo aquí estipulado.