Procuraduría sanciona por 15 años al exrepresentante Nilton Córdoba por Cartel de la toga
La Procuraduría estableció que el excongresista entregó 200 millones de pesos al magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Andrés Ruiz.
Procuraduría. Foto: Colprensa.
La Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad general de 15 años al exrepresentante a la Cámara, Nilton Córdoba Manyoma (2014 -2018), por entregar 200 millones de pesos al magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Andrés Ruiz, a través de su defensor Luis Gustavo Moreno, para ser favorecido en dos procesos penales.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría estableció que el excongresista entregó esa suma de dinero al funcionario judicial, quien se desempeñaba en el despacho del magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández, con el propósito de evitar una eventual orden de captura en su contra.
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La conducta del entonces congresista fue reseñada por Moreno Rivera en el proceso penal donde se investigó la actuación irregular de diferentes funcionarios judiciales, en lo que se ha denominado como el ‘Cartel de la toga’.
Las investigaciones contra Córdoba Manyoma en el alto tribunal se relacionaban con irregularidades en la construcción de la Alcaldía del municipio de Medio Baudó, Chocó, y por un presunto lavado de activos en actividades de explotación de oro y platino, hechos ocurridos cuando se desempeñó como alcalde de ese municipio.
Al entregar esa suma de dinero el exparlamentario:
“Qebrantó sus deberes funcionales al no actuar conforme al marco normativo y acorde con la majestad de su investidura, vulnerando el principio de moralidad que regula la función administrativa, sin justificación alguna en su proceder”.
Agregó que con su conducta demostró un desprecio total por la ética y la honradez que deben guiar el ejercicio de la función pública, “más aún si se trata de un servidor elegido por voto popular, de quien la sociedad espera un comportamiento libre de mácula, transparente y correcto”.
El Ministerio Público precisó que el excongresista tenía pleno conocimiento de que entregar sumas de dinero a servidores públicos para obtener beneficios es un comportamiento que se encuentra prohibido y constituye un delito que es castigado por la ley penal.
