La novela en el contrato de ampliación del aeropuerto de Cartagena

Siguen las polémicas por la adjudicación del nuevo contrato para la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez en la ciudad de Cartagena. Aunque se espera que el proceso sea entregado el próximo 29 de noviembre en una audiencia pública convocada por la Agencia Nacional de Infraestructura, esa diligencia ha sido aplazada dos veces por las irregularidades que se han denunciado en medio de esta licitación.

Uno de los problemas tiene que ver con la participación del consorcio Sacsa, que es el mismo que ha tenido la operación del aeropuerto en la heroica durante los últimos 27 años.

Pese a que esa estructura plural que ahora se llama IP – aeropuerto de Cartagena, de la que hacen parte 21 empresas, es la originadora del proyecto, es decir, la que presentó la estructuración para la nueva ampliación, desde varios sectores se ha pedido que no se les deje participar o que los inhabiliten debido varios cuestionamientos, a los incumplimientos en el actual contrato y a deudas que mantiene vivas incluso con la ciudad.

Así mismo, Sigue la W conoció que en la primera audiencia que realizó la ANI para otorgar el contrato por casi 1 billón de pesos. El abogado del otro oferente que se presentó, que es la empresa Termotécnica Coindustrial, pidió a la entidad gubernamental pronunciarse sobre una situación que consideró irregular.

Esa situación tiene que ver con la participación de una empresa de Corficolombiana perteneciente al Grupo Aval, llamada Concecol, en el consorcio que originó el proyecto y aunque al principio aparecía como miembro, de un momento a otro dejó de estar.

La decisión se habría tomado debido a las investigaciones y sanciones que el Grupo Aval recibió en Estados Unidos por el caso de corrupción de la multinacional brasilera Odebrecht.

Para el veedor de Cartagena, Héctor Pérez Fernández, las implicaciones de haber sacado a la empresa de Aval de la estructura plural son muy graves, ya que significa que el consorcio se queda sin su principal socio y sin el musculo financiero que respalda la propuesta. Además, será más difícil lograr el cierre financiero ya que no tendrían detrás a los bancos de propiedad del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Aunque fue el propio abogado de Termotécnica el que denunció el hecho de que ahora se conoce una carta en la que esa empresa, por instrucción de William Vélez, presidente del Grupo Ethus (del que hacer parte) se retracta de sus declaraciones y aclara que no es su intención atacar a Corficolombiana o a cualquier otro participante, pues esas conductas van en contra de la organización.

Esa aclaración llegó con el despido del abogado que hizo el pronunciamiento y se dio pese a que ni Corficolombiana ni su filial Concecol hacen parte del proceso ni son sus competidores directos.

Una irregularidad más se suma a esta novela y es la investigación que ordenó la ANI contra la empresa de seguridad encargada de transportar la caja con los sobres de las ofertas que entregaron cada uno de los participantes en la licitación. La investigación se origina en el hecho de que la caja llegó a la primera audiencia con los precintos rotos y generó muchas inquietudes sobre la transparencia del proceso.

Cabe recordar que el proyecto para la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez consiste en construir una nueva terminal internacional de más de 17.300 metros cuadrados, ampliar la plataforma principal para superar los 99.000 metros cuadrados, remodelar la terminal existente y hacer una nueva calle de rodaje que permita mayores operaciones por hora.

Para profundizar más sobre este tema, Héctor Pérez Fernández, veedor de Cartagena, pasó por los micrófonos de Sigue La W y afirmó que la empresa ha violado todos los principios de transparencia, motivo por el que pidió su eliminación del proyecto de ampliación del aeropuerto.

“Yo leí toda la información sobre este proceso y lo que hice fue ponerla en conocimiento ante el funcionario de Transparencia de la Presidencia de la República e hice una observación directa a la ANI, pidiendo la descalificación del proponente Estructura Plural Aeropuerto de Cartagena por todos los argumentos mencionados que son claros”, expresó.

¿Cuál es el riesgo de que el consorcio siga con la ampliación del aeropuerto?

“Solamente en el 2012 les prescribieron en impuestos 111.000 millones de pesos y dejaron de pagar del 2007 al 2012 59.000 millones de pesos”, por lo que agregó que esta compañía lucha por no pagarle los impuestos a Cartagena, pero aún así quieren hacer la ampliación del Rafael Núñez.

Expresó que esperan que llegue una empresa que tenga responsabilidad social con la ciudad