JEP ordena quitar placa de Holocausto del Palacio por no incluir responsabilidad de Estado
La jurisdicción además solicitó al gobierno adelantar gestiones diplomáticas para que Estados Unidos libere los documentos clasificados que tiene sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia.
JEP ordena quitar placa de Holocausto del Palacio por no incluir responsabilidad de Estado. Foto: Suministrada y Colprensa.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a la Alcaldía de Bogotá el retiro de la placa conmemorativa del Holocausto del Palacio de Justicia que se encuentra instalada en el Palacio Liévano, al considerar que no cumple con sus fines reparadores.
Lo anterior, al evidenciar, que según su criterio, dicha placa no recoge la responsabilidad del estado en lo ocurrido, sino solamente la del M-19 como asaltante del Palacio de Justicia. La orden fue apelada por la Procuraduría.
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“Ordenar a la Alcaldía Mayor de Bogotá que dentro de los 15 días siguientes a la notificación del presente auto se retire la placa No XXIV instalada en el Palacio Lievano relacionada con los hechos del Palacio de Justicia, la cual reza: (...) Para dicho acto se debe convocar a las familias de las víctimas del Palacio de Justicia y llevarse a cabo de acuerdo con los principios de centralidad de las víctimas” señaló la Sección en cabeza del magistrado Raúl Sánchez.
Pero además, la magistratura solicitó al gobierno iniciar las gestiones diplomáticas a que haya lugar con el fin de que el gobierno de los Estados Unidos desclasifique los archivos de inteligencia que tenga sobre los hechos que rodearon el Holocausto del Palacio de Justicia.
Asimismo, la Sección ordenó a la Fiscalía que en el término de 10 días remita copia de las investigaciones contra integrantes de la Fuerza Pública vinculados a las investigaciones sobre la toma y retoma del Palacio, un informe sobre los dos puntos de interés forense en los que podría hallarse más cuerpos de víctimas de desaparición así como la fecha en la que serían abordados dichos lugares.
Adicionalmente, la Fiscalía tendrá que entregar copia de las declaraciones y entrevistas rendidas por los familiares de las víctimas de la toma y retoma.
También, el Instituto de Medicina Legal deberá entregar en un término de diez días un informe en el que indique si los cuerpos que ha recibido desde los hechos y durante distintos años de hallazgos, presentaban indicios de tortura o no.
