“Prosperidad Social no paga subsidios a personas muertas”: directora Laura Sarabia
Sarabia propuso al Congreso ser veedor de los programas de la entidad en las ciudades y en los territorios de la Colombia profunda.
Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social | Foto: Presidencia de la República / ANDREA PUENTES
En las últimas horas circuló una información que asegura que cerca de 20.000 personas registradas como fallecidas recibieron beneficios de los programas de Prosperidad Social.
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Ante la situación, la directora de la entidad, Laura Sarabia, aseguró que hasta el momento se ha trabajado de la mano de las entidades de control para garantizar la transparencia de estos procesos.
“La Contraloría General de la República durante las vigencias 2021 y 2022 del gobierno anterior, adelantó las auditorías financieras de cada vigencia y una auditoría especial de fiscalización de la vigencia 2021 y posterior a ello, ha comunicado 7 Indagaciones Preliminares asociadas a hallazgos de pagos a beneficiarios fallecidos”, aseguró la entidad.
“Prosperidad Social ha atendido estas Indagaciones y a la fecha el ente de control ha emitido comunicación de archivo para 2 de ellas, dado que se demostró que no hubo daño patrimonial para el Estado, ya que las evidencias aportadas dan cuenta del cumplimiento de las reglas establecidas por los programas para detectar fallecidos. Las demás indagaciones que aún están abiertas están en curso de análisis por la Contraloría con base en los soportes que se han entregado desde Prosperidad Social de acuerdo con los respectivos hallazgos”, aseguró la entidad.
En ese mismo sentido, indicaron que, Prosperidad va a atender todos y cada uno de los requerimientos para demostrar que, “efectivamente no se llevaron a cabo pagos a beneficiarios fallecidos toda vez que se aplican diferentes controles como los cruces de bases de datos de supervivencia previos a la liquidación y a la entrega de los recursos a los beneficiarios”.
Finalmente, aseguran que se han “establecido mesas técnicas con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social, para que los cruces de las bases de datos cumplan a cabalidad cada uno de los criterios establecidos y, de esa forma, sean las personas más necesitadas quienes reciban los subsidios y beneficios”.
