A la cárcel presuntos integrantes de red que alteraba los medidores de gas en Bogotá

Bogotá

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a la cárcel a cinco supuestos integrantes de una red delincuencial dedicada a alterar los medidores de gas en establecimientos comerciales como bares, restaurantes y panaderías de Bogotá, para reducir así el valor de las facturas del servicio.

Se trata de la banda denominada ‘Los Llavero’ que, según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, generaron una defraudación superior a los 2.000 millones de pesos en Bogotá y en algunos municipios de Cundinamarca.

También se descubrió que, a través de la instalación de dispositivos en los contadores, se frenaba el consumo y por ende las facturas eran irrisorias en comparación al gasto real.

Investigadores de la Fiscalía, además, demostraron que los supuestos integrantes de esta organización pusieron en riesgo no solo a los propietarios y trabajadores de los establecimientos en los que se alteraron los medidores, sino que además a los clientes, pues esta maniobra, pudo generar una explosión.

La empresa encargada de administrar el suministro de gas natural domiciliario reportó pérdidas superiores a los 2.000 millones de pesos.

Los capturados por el Cuerpo Técnico de Investigación fueron identificados como: Óscar Geovanny Urrea Contreras, Johan Osvaldo Becerra Medina, James Andrey Gómez Herrera, José Néstor Barrios Martínez y Deifer Urrea Martínez.

Durante las diligencias de allanamiento fueron incautados: celulares, computadores, tabletas electrónicas, 98 medidores para gas natural, 62 odómetros, sellos plásticos y otros accesorios para la adecuación de conexiones de gas; formularios y planillas con logotipos de la compañía afectada, uniformes de uso exclusivo de la empresa de servicio domiciliario de gas, memorias USB y un arma de fuego.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de concierto para delinquir, defraudación de fluidos, acceso abusivo a sistema informático agravado, falsedad en documento público y receptación.

Ninguno aceptó haber cometido los delitos, sin embargo, fueron enviados a la cárcel, luego que el juez considerara que representan un riesgo para la sociedad.