¿Se perdió la plata de Centro Judicial en Bogotá que el Gobierno no quiere recibir?

Bogotá

El Centro Integral de Justicia Campo Verde, ubicado en la localidad de Bosa, se encuentra en el centro de la controversia después de que el Gobierno Nacional rechazara recibir este complejo de servicios de seguridad especializados. Con una inversión de $75.000 millones por parte del Distrito de Bogotá, este centro fue diseñado para ofrecer una amplia gama de servicios, incluyendo una Unidad de Reacción Inmediata (URI), Casa de Justicia, entre otros.

Inicialmente, estaba previsto que la administración del centro fuera compartida entre la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Sin embargo, la subsecretaria de acceso a la justicia, Juliana Cortés, reveló en una entrevista con Sigue La W que “el Gobierno nacional comunicó al distrito, hace un mes, que no recibiría el centro de atención especializada, ya que no se alineaba con las nuevas políticas de seguridad”.

Cortés aclaró que la inversión de $75.000 millones en la infraestructura fue realizada en su totalidad por la alcaldía de Bogotá, y se invitó al Gobierno Nacional a utilizar el espacio para mejorar las condiciones de la justicia restaurativa juvenil. A pesar de este rechazo, actualmente, el centro atiende a aproximadamente 200 adolescentes y jóvenes, pero sólo “en áreas como talleres, espacios culturales, deportivos, desarrollo psicosocial y educación. La parte correspondiente al ICBF, que involucra la privación de la libertad, no está operativa” dijo Cortés. Es decir, el centro integral está funcionando parcialmente.

La subsecretaria Cortés subrayó que son los jueces quienes dictan las condenas a los jóvenes, y no las entidades gubernamentales. Por lo tanto, mientras existan sanciones establecidas en el código penal, estos jóvenes deben cumplir sus penas en un centro de reclusión. La situación destaca la complejidad y los desafíos en la coordinación entre entidades gubernamentales para garantizar el pleno funcionamiento de instalaciones diseñadas para abordar cuestiones críticas de seguridad y justicia juvenil.