Contraloría alerta por hueco fiscal que dejó decisión de Gobierno de bajar precio del Soat
El ente de control señala que esa medida no aumentó los aseguradores y por eso hay un déficit.
Soat. Foto: Colprensa.
En noviembre del año pasado el Gobierno bajó en un 50% el precio del Soat sólo para motos de bajo cilindraje, autos de negocio y taxis, sin embargo, tras alarmas de varios sectores, ahora la Contraloría alerta que esto dejará un hueco fiscal de $810.000 millones, lo que significará un esfuerzo fiscal con cargo al Presupuesto General de la Nación.
“Al no lograr el aumento de asegurados con la póliza SOAT y con la reducción de la tarifa, se vienen disminuyendo las contribuciones y transferencias de ley para la Agencia Nacional de Seguridad Vial, así como los recursos que administra la ADRES, del Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -FONSAT- destinados al pago de siniestros ocasionados por vehículos no identificados o no asegurados y otros recursos de la contribución destinados para la cofinanciación del Régimen Subsidiado; monto que se estima supera los $300.000 millones, para 2023, con base en información suministrada por la ADRES”, señala la Contraloría.
De este modo, para el ente de control, “la aplicación de rangos diferenciales en las tarifas sí tuvieron la potencialidad de impactar de manera negativa los recursos destinados para la atención de víctimas de siniestros viales y la medida no tuvo la capacidad para promover la adquisición del SOAT y, por lo tanto, reducir la evasión”.
Además, advierte que la falta de claridad en los procedimientos y el alistamiento institucional para implementar el Decreto 2497 de 2022, lo que ha ocasionado represamiento en los trámites de reclamaciones y pagos que, con corte a octubre de 2023, y según estimaciones, podrían sumar más de $650.000 millones, para alrededor de 58.000 reclamaciones, por concepto de los servicios prestados por las IPS, acrecentando las dificultades financieras de los prestadores.