Paro armado del ELN en Chocó llevó al desplazamiento de 2.900 personas
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, aseguró que la afectación se extiende a 19 comunidades afro e indígenas.
El paro promovido por el ELN obligó al confinamiento y desplazamiento de 714 núcleos familiares en la zona norte rural del municipio del Alto Baudó, en el departamento del Chocó, situación por la que la Defensoría del Pueblo solicitó la realización de un comité extraordinario de justicia transicional.
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“A través de nuestra Regional Chocó hicimos la debida solicitud, que fue atendida por la Alcaldía del Alto Baudó. Necesitamos que los entes competentes implementen, con carácter urgente, planes para atender a las comunidades afectadas no solo por el paro armado del ELN, sino por combates entre ese grupo guerrillero y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Son 19 comunidades las que se vieron en la obligación de confinarse:
- Puerto Palacios, Puerto Tomás, Puerto Indio, Villa Nueva, Peña Alta, Puerto Ángel, Tambo, Pureza, Santa Rita, Jangadó, San Francisco de Cugucho, entre otros centros poblados; y una comunidad, la de Mojaudó (154 personas que integran 39 núcleos familiares), tuvo que desplazarse hasta el sitio conocido como Chachajó debido a la confrontación armada entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas (AGC – Clan del Golfo).
“No pueden utilizar el río Baudó ni los acostumbrados afluentes para llegar hasta sus cultivos, prácticamente su único medio de sustento, es una situación humanitaria que completa más de 48 horas, lo cual agrava y vulnera sus derechos fundamentales”, manifestó Carlos Camargo Assis.
El nuevo paro armado del ELN, el sexto en el año, impulsado por el Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez ha desencadenado en lo que va de este 2023 cuatro eventos de confinamientos masivos, además de algunos desplazamientos, también colectivos, en el Pacífico Sur, una de las cinco subregiones del Chocó “lo que está sucediendo en el Alto Baudó, lo advertimos con nuestras Alertas Tempranas 041 del 2019, 018 del 2020 y 034 del 2022″.
“Además, este año hemos emitido 25 oficios de prevención, protección y asistencia para esa amplia zona, en el sur del departamento. Necesitamos que las autoridades nacionales, departamentales y locales atiendan lo que ahora mismo está sucediendo. Las comunidades no pueden seguir viendo vulnerados sus derechos por la no atención y respuestas tardías de las instituciones públicas”, enfatizó el defensor del Pueblo.