Chuzadas a Marelbys Meza: cuatro policías seguirán privados de la libertad

Una juez de la República confirmó en un fallo de segunda instancia que los cuatro agentes de la Dijin de la Policía, capturados por el escándalo de las chuzadas de Marelbyz Meza y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia, exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, seguirán privados de la libertad mientras avanza la investigación de este caso.

En la misma decisión la juez revocó el beneficio de detención domiciliaria que tenía vigente la patrullera Dana Alejandra Canizales Bonilla y ordenó su captura para que cumpla con la medida de aseguramiento en un centro de reclusión.

Según argumentó la juez, la patrullera Canizales Bonilla sigue vinculada a la Policía Nacional y no ha demostrado que esté tratando de retirarse, por lo que podría tener acceso a información reservada y afectar la investigación.

“Existe un riesgo de reiteración, que puede darse en otras investigaciones, existiendo el riesgo para la sociedad, peligro para la víctima”, mencionó la juez.

También señaló la juez que la medida de aseguramiento que inicialmente se impuso en su contra, no impide que pueda tener acceso a información clave y a las herramientas de internet.

“Para este despacho el hecho que la imputada esté aislada en el municipio de Rovira, Tolima, y que se le haya prohibido salir de dicho lugar no garantiza el cumplimiento de los fines constitucionales de la medida de aseguramiento pues para nadie es un secreto que cualquier cuenta con las herramientas informativas desde cualquier lugar, lo que representa un riesgo de reiteración”, aseguró.

Igualmente, la juez señaló que la patrullera está siendo investigada porque al parecer alteró los informes para que las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea, fueran interceptadas ilegalmente dentro de una investigación que se adelantaba contra alias ‘Siopas’, uno de los cabecillas del ‘Clan del Golfo’.

“También existe el riesgo de obstrucción a la justicia, pues nada impide que Dana, desde cualquier lugar, pueda acceder a la información por internet. Igualmente, no existe un acto administrativo de su desvinculación (de la Policía) donde muy seguramente debe presentarse a laborar”, afirmó.

Cabe recordar que, el pasado 18 de septiembre, la juez tercera Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a la cárcel a los cuatro uniformados de la Dijín de la Policía Nacional que al parecer estarían relacionados con el escándalo de las ‘chuzadas’ que sacudió al Gobierno Nacional, pues las víctimas Marelbys Meza y Fabiola Perea fueron empleadas de la entonces.

Por considerar que los uniformados representan un riesgo para la sociedad, teniendo en cuenta el abundante material probatorio que presentó la Fiscalía General de la Nación durante las audiencias concentradas que se realizaron de manera reservada durante las últimas semanas, la juez impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza; el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua, los patrulleros John Fredy Morales Cárdenas y Dana Alejandra Canizales Bonilla; y el civil Fredy Alexander Gómez.

En su momento, la delegada de la Fiscalía señaló que los agentes de la Dijín supuestamente habrían engañado a fiscales y jueces para lograr la autorización para las interceptaciones de las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea, cuando todavía trabajaban en la residencia de Laura Sarabia.

“A través de engaño consiguieron que la fiscal 101 del Grupo de Investigación de Hurtos de la Seccional Bogotá ordenara la interceptación de los abonados celulares (...) pertenecientes a Marelbys del Carmen Meza Huertas, quien trababa en la casa de la señora Laura Sarabia como niñera del hijo de aquella, y a Johnson Pineda Sarmiento, persona cerca de la señora Meza Huertas”, dijo la fiscal.

También señaló la fiscal del caso que Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y Dana Alejandra Canizales Bonilla habrían falsificado un documento público para obtener la orden del juez que permitirá las chuzadas.

“El informe del 30 de enero lo entregaron unas personas a Alfonso y Dana, incluso al primero le fue remitido el informe a su correo electrónico por parte de Germán Alonso Cabana, pero este informe fue modificado por ustedes dos tanto en su fecha y hora, como en su contenido, incluyendo una actividad que no se hizo en actos urgentes”, señaló la fiscal durante la audiencia.