Tribunal Electoral de Panamá rechaza organizar consulta popular sobre mina
El presidente Laurentino Cortizo lo había propuesto para desactivar las masivas protestas que sacuden al país desde hace diez días.
Protestas en Panamá por polémico contrato minero. Foto: Getty Images. / Anadolu Agency
El Tribunal Electoral de Panamá rechazó este lunes organizar una consulta popular el 17 de diciembre sobre la derogación de un polémico contrato minero, propuesta por el presidente Laurentino Cortizo para desactivar las masivas protestas que sacuden al país desde hace diez días.
“En estos momentos no hay condiciones para organizar la pretendida consulta popular”, anunció en rueda de prensa el presidente del tribunal, Alfredo Juncá, al señalar que el ambiente convulso que vive el país impide atender el pedido del gobierno.
Además, “la Corte Suprema de Justicia tiene en estos momentos demandas de inconstitucionalidad de la ley 406 [del contrato minero] que, de resolverse antes de la fecha de la consulta, la harían innecesaria”, añadió el magistrado.
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Cortizo propuso el domingo la consulta popular para que los panameños decidan si se deroga el contrato con la compañía canadiense First Quantum Minerals, pero su mensaje no tranquilizó a los líderes de las manifestaciones, que anunciaron que la protesta seguirá en las calles.
El mandatario lanzó su propuesta tras concluir una enorme concentración en la capital, donde decenas de miles exigieron la derogación del contrato de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, situada en la costa del Caribe.
Se “mantienen las acciones en todo el país en contra del contrato vendepatria minero”, dijo el líder del sindicato de trabajadores de la construcción (Suntracs), Saúl Méndez, uno de los convocantes a las manifestaciones.
El movimiento juvenil Sal de las Redes citó a una manifestación este lunes en la tarde rumbo al Congreso.
El gobierno defiende el contrato argumentando que supondrá aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces el monto del acuerdo inicial.
Y ha advertido que una anulación del contrato provocaría la pérdida 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, además de que el país se expone a demandas multimillonarias en tribunales internacionales.
La minera aporta el 4% del PIB de Panamá y exporta cada año unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre desde Puerto Rincón, adonde llegaron manifestantes en una decena de lanchas el sábado.
