Relatora de la ONU pide explicaciones sobre persecución a fiscal Angélica Monsalve

Margaret Satterthwaite es una jurista de prestigio mundial que ha sido directora del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Universidad de Nueva York, NYU, y desde hace un año es la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas para la independencia de los jueces y abogados.

Su despacho está en Ginebra, Suiza, y desde allí le escribió una carta de siete folios al presidente Gustavo Petro con copia al canciller Álvaro Leyva.

La comunicación demanda del Gobierno colombiano “atención urgente” con relación a investigaciones penales y disciplinarias contra la fiscal Angélica Monsalve y además pide determinar las razones que motivan su traslado al Putumayo.

La carta relaciona los casos de TransMilenio y el llamado ‘carrusel de los carros blindados’.

Sobre el primero señala, entre otras cosas, que la fiscal recibió presiones provenientes del rector de una universidad –la comunicación oculta el nombre, pero ustedes saben que se trata de Rodrigo Noguera, entonces rector magnífico de la Universidad Sergio Arboleda– y de un exfiscal general de la Nación, cuyo nombre también tacha pero los buenos oyentes saben que nos hablan de Néstor Humberto Martínez.

Ellos presionaban, de acuerdo con la carta de la relatora de Naciones Unidas, el retiro de la imputación a miembros de la poderosa familia Ríos Velilla, también oscurecida en la comunicación.

Narra, como en efecto ocurrió, que la fiscal no cedió a las presiones y tres días después recibió un oficio notificándole que sería trasladada al Putumayo.

Sobre el caso del ‘carrusel de los blindados’, la relatora de Naciones Unidas asegura que la fiscal abrió una investigación sobre una poderosa red de corrupción que implica a militares, policías, miembros de la Fiscalía y de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para repartir sobornos para la venta y alquiler de esos vehículos a las entidades estatales. Además señala que hay asignaciones irregulares a particulares y que en ocasiones los carros de la UNP han sido usados para traficar drogas y armas.

La carta señala literalmente: “Uno de los agentes de la Fiscalía que fue imputado por la fiscal Monsalve por hacer parte de esa red de carros blindados, la denunció porque supuestamente ella lo extorsionó para dejar de investigarlo. En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación en contra de la fiscal Monsalve y, extraoficialmente, llamó a todos los investigados que hacían parte de la red de corrupción para preguntarles si querían denunciarla por extorsión”.

Adicionalmente la relatora de Naciones Unidas afirma que cuando imputó a un funcionario de la UNP, el fiscal general relevó del caso a la fiscal Angélica Monsalve.

Los hechos anteriores han ocasionado la apertura de cuatro procesos penales y cinco disciplinarios contra la fiscal Angélica Monsalve. La carta de la alta funcionaria de Naciones Unidas señala irregularidades en esos procesos:

1. El coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Gabriel Ramón Jaimes, la interrogó sin que se supiera la razón.
2. La delegada para la seguridad territorial adelanta otro proceso contra la fiscal a pesar de que estaba denunciada previamente por ella, lo cual constituye un impedimento.
3. Un proceso abierto por haber interrogado en un proceso de corrupción a Emilio Tapia por el cual la Fiscalía la quiere procesar por abuso de función pública.
4. El proceso por la denuncia del funcionario de la Fiscalía acusado de ser parte del carrusel de los blindados.

La relatora de Naciones Unidas dice que esos procesos penales y disciplinarios “parecen ser una retaliación que proviene del interior de la Fiscalía ante las imputaciones efectuadas por la fiscal Monsalve en el marco de las investigaciones que adelantaba contra actos de corrupción”. Y recuerda que Colombia es suscriptor de acuerdos internacionales que garantizan la independencia judicial.

La carta de Naciones Unidas le pide al Gobierno que tome medidas para proteger a la fiscal Monsalve, garantizar su independencia y que las informe en el plazo de 60 días.

Y ahí surge la segunda parte de este asunto.

Los 60 días se cumplieron este fin de semana y el Gobierno no respondió. Por esa razón, las comunicaciones se hacen públicas y la relatora para la independencia de los jueces Margaret Satterthwaite afirma que, vencido ese plazo, podrá “expresar públicamente mis preocupaciones en un futuro cercano, ya que considero que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata. Además, considero que la opinión pública tiene que ser informada sobre las implicaciones potenciales relacionadas con las alegaciones arriba mencionadas”.

De tal manera, es previsible un pronunciamiento público en los próximos días.