Derogar contrato minero en Panamá “sería un gravísimo error”: presidente de Cámara Minera

En diálogo con La W, Roberto Cuevas, presidente de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), se refirió a las protestas en Panamá por el nuevo contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, ratificado por 20 años prorrogables el pasado 20 de octubre por el mandatario. Este convenio explota a cielo abierto el yacimiento de cobre más grande de toda Centroamérica.

“Estamos de acuerdo con las manifestaciones pacíficas. Lamentablemente, se han dado cierres de algunas calles”, lo que ha traído “dificultad en el transporte”, afirmó Cuevas, añadiendo que existe una “situación crítica” por la no llegada de alimentos a algunas ciudades del país.

Cabe destacar que el nuevo contrato ha ocasionado una semana de protestas, bloqueo de vías y paros laborales en rechazo a la operación de la mina de cobre de Panamá.

Si bien las protestas han sido, principalmente, por dicho contrato, el presidente de Camipa recordó que “se ha llegado a este punto por un cúmulo de situaciones, empezando por el grave impacto de la economía que trajo la pandemia” a Panamá. “Las personas de la calle no solo hablan de la oposición al contrato minero”, el cual “ha sido la chispa que ha causado toda esta reacción, pero en la calle uno escucha cómo la gente está totalmente en desacuerdo con el tema de corrupción, algo que ha manchado mucho la debilidad de la gestión pública”, enfatizó.

“Hay una percepción un poco distorsionada sobre el contrato. Este no es un contrato para un nuevo proyecto minero, es de una inversión que se hizo hace más de 10 años en un proyecto de cobre que, para este período, ya ha pasado por años de exploración, construcción, puesta en marcha, operación y producción”, afirmó Cuevas.

Según el presidente de la Cámara Minera de Panamá, la operación entre ese país y Minera Panamá “ha traído muchos beneficios. Las empresas calificadoras de riesgos son claras en establecer la valoración de Panamá como país estable”.

Los reclamos más comunes de la ciudadanía son dos: que el contrato fue adjudicado en tiempo récord (en apenas tres días) y que este proyecto afectaría la soberanía nacional, debido a que habría una exoneración del 70 % del impuesto sobre la renta por 10 años y un pago de indemnización total a la empresa por reclamaciones de terceros panameños (teniendo en cuenta los más de 209 reportes de daños ambientales sin resolver). En respuesta a este último reclamo, el ingeniero Roberto Cuevas argumentó que “la actividad minera de Panamá, como en todas partes del mundo, se hace a través de un contrato de concesión minera, en el cual la propiedad del subsuelo sigue perteneciendo al país. Una concesión minera es un derecho a explotar o explorar, ya sea el caso, pero en ningún momento se transfiere la soberanía ni la propiedad del recurso mineral”.

Cuevas dijo que el Gobierno de Panamá se vio “obligado” a renegociar el contrato, ya que había un contrato existente y en operación.

Es por eso que derogarlo tendría implicaciones jurídicas, tal como dice el presidente de Camipa. “La empresa tendría el derecho de interponer arbitrajes internacionales en defensa de la inversión que se hizo con un contrato vigente. Por eso es que la decisión es difícil. Las implicaciones internas, más allá del impacto económico, serían significativas, además de la (afectación a la) reputación del país frente a futuras inversiones, no solo en el sector minero”.

El presidente Laurentino Cortizo “está cediendo ante las presiones”, teniendo en cuenta que prohibió nuevas concesiones de licencias., sentenció el ingeniero Cuevas. “El potencial minero de Panamá es extraordinario, comparado con el tamaño del país”.

Los líderes de las manifestaciones han dejado claro que las protestas no van a cesar sino hasta que se derogue el nuevo contrato. “Es una posición irresponsable”, indicó. “Hay sectores extremistas, como siempre ocurre, que quieren que la protesta siga en la calle por sus intereses inconfesables que todos conocemos. Una derogación de este contrato, unilateralmente, por parte del Estado, es perder Panamá definitivamente en un arbitraje internacional, sería un gravísimo error. El contrato tuvo todo el procedimiento legal y está vigente”, finalizó Cuevas.

Escuche la entrevista completa en La W: