¿De qué depende que María Corina Machado sea candidata a la Presidencia de Venezuela?

María Corina Machado, que en el último boletín de la comisión que organizó el proceso interno opositor, obtuvo más de dos millones de votos, está inhabilitada por la Contraloría General de Venezuela por 15 años.

Una inhabilitación que ella no reconoce y que incluso dice, nunca fue notificada por vía regulares mientras que la oposición considera ilegal estas medidas contra ella y otros dirigentes por cuanto no existe una sentencia firme por parte de ningún tribunal del país, como señala la Constitución como una de las causas para no optar por cargos de elección popular.

En teoría, Machado fue inhabilitada, en 2015, un año después de que le quitaran su curul como diputada tras aceptar un cargo como representante alterna de Panamá para poder participar en una Asamblea de la OEA.

En aquel momento, 2015, la medida hablaba de “sobreestimaciones y subestimaciones así como omisiones” en una declaración jurada cuando fue diputada y el período, según el documento de la Contraloría, era por un año. Señalamientos que Machado negó.

Sin embargo, en junio de este año, se conoció otro documento de la Contraloría que añade que la investigación patrimonial “continuó” y se “encontró” que Machado “está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el período de 15 años (…) ha incurrido en hechos que atentan contra la ética pública, la moral administrativa, el estado de derecho, la paz y la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela”, según se lee en el texto.

Y es que la señalan por distintos hechos durante los últimos años como el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó, los casos de la filial petrolera Citgo y su supuesta entrega a la empresa canadiense CRYSTALLEX.

También la relacionan con una supuesta entrega al ex presidente de Colombia, Iván Duque, de la empresa colombo venezolana Monómeros y del caso de las 31 toneladas de oro venezolano, cuyo valor estimado es de mil millones de dólares, que se encuentran en el Banco Central de Inglaterra. A eso se le suma que la responsabilizan de pedir sanciones contra el país.

Aunque Machado ha restado importancia a esta medida administrativa calificándola de “un gran error” por parte de la administración de Maduro, lo cierto es que esa situación le impediría inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como candidata presidencial.

Recientemente tres abogados independientes introdujeron recursos contra la inhabilitación de Machado ante el Tribunal Supremo de Justicia. El pasado 14 de agosto, la Sala Constitucional respondió a las dos decisiones rechazando los escritos jurídicos por presuntos aspectos de procedimiento, pero sin resolver por completo la la inhabilitación, que es el tema de fondo.

Alí Daniels, director de la ONG venezolana Acceso a la Justicia explicó que, al TSJ no resolver el fondo (inhabilitación) deja “rendijas” jurídicas para intentar otros procedimientos ante esta u otras instancias.

“Por lo que dice la sentencia, hay otras maneras de que este tipo de inhabilitaciones se dejen sin efecto, precisamente porque fueron mal hechas, porque las inhabilitaciones no fueron a través de un procedimiento judicial (...) no se llevó a cabo el debido proceso porque no hubo derecho a la defensa”, indicó el abogado.

Negociación, ¿la vía?

El punto de las inhabilitaciones ha sido parte de la agenda de la delegación opositora en el proceso de negociación con el gobierno que es mediado por Noruega.

En el acuerdo parcial firmado hace una semana en Barbados por las partes, aunque no se habla taxativamente de la palabra “inhabilitación”, sí se establece en el primer punto que:

“Las Partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley”.

Tras la firma del documento el jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, señalaba que “se abría la ruta para levantar las inhabilitaciones” y apelaba al punto 11 del acuerdo sobre derechos políticos añadiendo que “se abrió una puerta” ante distintas instancias para abordar el tema.

Dicho punto establece que: “Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana; asimismo conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”.

El tema, médula de la discusión política desde hace meses, también llegó al Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Consultado sobre las inhabilitaciones, el canciller venezolano, Yvan Gil, aseguraba que “los derechos políticos no se pierden” y afirmaba que en el país no hay persona alguna, a menos que un tribunal penal así lo decida, que “haya perdido su derecho a elegir o ser elegido”.

También hacía referencia a que cualquier persona podía recurrir a las instancias correspondientes.

Machado, sin embargo, insiste en que su caso “no existe. Yo nunca he recibido una notificación formal. ¿Qué es lo que que voy a recurrir?”.

Entonces, ¿de qué depende que María Corina Machado pueda cumplir con “el mandato”, como dice ella, que le dieron más de dos millones de personas el pasado 22 de octubre? Analistas políticos coinciden en que dependerá de las negociaciones políticas que mantiene el gobierno venezolano tanto con la oposición como con Estados Unidos de forma directa.

Allí estaría la clave

Y es que luego de la firma de los acuerdos parciales, el Secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, señalaba en un comunicado que su país esperaba que, para antes de finales de noviembre, el gobierno venezolano tomara medidas relacionadas entre otras cosas a la implementación de “procesos específicos para la reincorporación acelerada de todos los candidatos. A todos los que quieran postularse para presidente se les debe dar la oportunidad” y advertía que de lo contrario, las licencias otorgadas al Estado venezolano serían revocadas. Una posición respaldada por el asesor de la Casa Blanca, Juan González, que expresamente se refirió a la habilitación de Machado.

Y ella está consiente también que la vía más segura para su habilitación es la negociación.

En sus primeras declaraciones a la prensa como la candidata unitaria de la oposición, recordaba que las licencias son por seis meses y “no hay persona tan interesada como yo en que el régimen cumpla su parte como las empresas que inviertan”.

“El comunicado de Estados Unidos es preciso ratificando los términos del acuerdo y dejó claro que el acuerdo tiene una fecha perentoria”, dijo agregando que, “hay dos procesos simultáneos: los nuevos acuerdos que vienen y los acuerdos parciales que se firmaron y tienen que cumplirse. Y varios están relacionados al tema electoral y por tanto, me afectan a mí y estamos haciendo seguimiento para que se cumplan”.

En sus discursos, Machado también apela a la “fuerza” de la ciudadanía que la apoya para seguir en la carrera.

Públicamente el gobierno ha desechado la posibilidad de abordar el tema asegurando que quien esté inhabilitado no podrá participar en la elección presidencial.

Puertas adentro, tanto para el chavismo como para la oposición es un tema que preocupa por las implicaciones y también se ha convertido en un punto de honor para ambos lados.

Machado ya ha iniciado contactos y conversaciones con los diversos partidos opositores y desde la Plataforma Unitaria, instancia que los congrega, han asegurado que a partir del 22 de octubre comienza una nueva etapa donde habrá que discutir los próximos pasos. El principal: qué hacer si, llegado el momento de la postulación en 2024, Machado no pueda inscribirse.