“Reclutador” de falsos positivos de Toluviejo aceptó responsabilidad ante la JEP
Andrés Rafael Corrales afirmó que se unió a la empresa criminal liderada por el coronel (r) Luis Fernando Borja vendiéndole armas clandestinamente a uno de los soldados, y luego se vio inmiscuido en la estrategia de homicidio de civiles.
El reclutador de falsos positivos de los llamados “jóvenes de Toluviejo”, Andrés Rafael Corrales Narváez, aceptó ante la JEP su responsabilidad en esos crímenes. Por medio de un documento que entregó a la jurisdicción, del cual se conocieron detalles, contó su vinculación ilegal con la Fuerza de Tarea Sucre.
Corrales, condenado en la justicia ordinaria, comenzó señalando que su relación criminal con la Fuerza de Tarea Sucre para las ejecuciones extrajudiciales inició vendiéndole armas al soldado Luis Miguel Sierra Díaz y posteriormente le propusieron que consiguiera personas para “cuidar” a supuestos ganaderos, y posteriormente se enteró que estas personas habían sido asesinadas.
“...me propusieron que consiguiera unos Jóvenes que hayan prestado el servicio militar o hayan sido desmovilizados o que conocieran el manejo de armas para cuidar a Ganaderos que se les estaba perdiendo el Ganado, cuyo sueldo era de 800.000 o un 1.000.000 de pesos, luego me enteré, por esa misma persona, que los jóvenes habían sido dados de baja en combate con el Ejército Nacional” afirmó.
Asimismo, refirió sus aportes a la verdad sobre los homicidios de varias personas los cuales no han sido investigados, reseñándolos como ‘Memín’, ‘El Mono Banquez’, ‘Zorrillo’, ‘Rosita’ y otras víctimas, las cuales indicó que fueron ultimadas por militares del Ejército Nacional en sectores de Sucre como Sampués, El Roble o la Villa entre enero y agosto del año 2007.
“Salí con el soldado Luis Miguel Sierra Díaz donde siempre se encontraba armado y de civil en una moto de cilindraje 2.50, a tomarme unos tragos y me contó que él hacía parte del Ejército Nacional por lo tanto me dijo que yo trabajaba para el Ejército Nacional y que no me podía salir, porque esto era orden de arriba y ellos me iban a respaldar y por cada trabajo o cada baja una plata o dinero y ahí fue donde contactamos a Jose Ramos Castillo (otro reclutador)” dijo.
Al mismo tiempo habló de los que, según le consta, eran los autores de la organización criminal y conocedores de los homicidios mencionando al coronel (r) Luis Fernando Borja (quien ya aceptó responsabilidad) y al mayor (r) Orlando Céspedes Escalona (quien hace poco en audiencia ante la JEP también aceptó responsabilidad cuando estaba al borde de ser expulsado por falta de aportes).
Particularmente frente al mayor (r) Céspedes Escalona, aseguró que era tal la confianza con él, a quien llamaba ‘El Patrón’, que manejaba dinero para bajas, armamento y otros componentes necesarios para la consumación de los crímenes.
“Tanta era la confianza que me tenía ‘El Patrón’ ósea el mayor del Ejército Nacional, (Céspedes Escalona) que me daba el dinero de las bajas, Armamentos, Radio de comunicación, me ofreció una vivienda y un seguro de salud para mis hijos y que no me preocupara porque esta orden de arriba, pero todo lo que me ofreció quedó en nada” dijo a la JEP.
Su relato cerró indicando que con los soldados con los que trabajaba directamente en los asesinatos eran los soldados Luis Miguel Sierra Díaz, previamente citado, y un soldado profesional de apellido Vergara, perteneciente al Ejército en la Fuerza de Tarea Sucre.
A pesar de lo anteriormente expuesto, la magistratura consideró que dichos aportes aún requerían ajustes en ciertos puntos para ser puestos a consideración de las víctimas.
Por tanto, solicitaron al reclutador confeso que en un término máximo de 10 días hábiles proceda a organizar la información por cada proceso penal y cada víctima, así como el relato de los hechos, así como otros detalles entre los que se encuentran los últimos momentos de vida de acuerdo con lo que conoció, y las razones para el asesinato.
Adicionalmente, y con miras a definir la solicitud de libertad, se pidió al despacho del magistrado Óscar Parra otorgar acceso al expediente y a la declaración jurada que rindió en el pasado el reclutador.