Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar al senador Ciro Ramírez

La Fiscalía General de la Nación destapó un nuevo escándalo de corrupción en el que al parecer estaría relacionado el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, un contratista y una integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo, por el supuesto direccionamiento de la contratación pública en Colombia.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, tanto el contratista, como la integrante de la UTL harían parte de la organización que supuestamente intervino de manera ilegal en la contratación de los departamentos del Tolima, Quindío y Valle del Cauca, específicamente entre los meses de noviembre de 2020 y finales de 2022.

Se trata de Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Ramírez y el contratista Anderson González González, quienes supuestamente participaron de la manipulación de 15 contratos que superan los $ 9.300 millones de pesos.

La directora especializada contra la Corrupción Martha Alejandra Parra Chavarro explicó que, como fue la investigación.

“En 2021, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa Industrial y Comercial del Estado ‘Proyecta Quindío’ suscribieron el contrato interadministrativo N°670 de 2021, por 48.660 millones de pesos. En atención a lo pactado, ‘Proyecta Quindío’ se encargó de viabilizar 27 proyectos de obra, con sus respectivas consultorías”, señaló.

Igualmente, explicó que “al parecer, aprovechó su régimen de contratación exceptuado, y de manera indebida seleccionó contratistas e interventores, previamente referenciados por los cabecillas de la red criminal”.

Debido a esto, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Sin embargo, uno de ellos aceptó los cargos.

“De acuerdo con los elementos de prueba, la señora Rivera Bohórquez, en su rol de enlace de un senador, se comunicó con algunos funcionarios del DPS y ‘Proyecta Quindío’ para coordinar y direccionar los lineamientos de designación en 15 contratos de obra e interventoría, 11 de los cuales habrían sido adjudicados de forma directa e irregular a González González y a algunas de las empresas en las que tenía participación”, dijo Parra Chavarro.

Otro de los hechos que descubrió la Fiscalía y que al parecer habrían ocurrido son que “el contratista presuntamente recibió anticipadamente información privilegiada sobre el presupuesto, fechas de publicación de las licitaciones y varias de las condiciones exigidas en los procesos de selección, de tal manera que ajustó sus propuestas para ser el ganador”.

Por estos supuestos beneficios al parecer se determinó el pago de 1.000 millones de pesos, que según la Fiscalía estaban dirigidos al máximo articulador del entramado de corrupción y a otras personas que intercedieron.

Estos son los 11 contratos que ascienden a 9.376 millones de pesos, y fueron suscritos en municipios de Tolima, de la siguiente manera:

• Purificación, contrato de obra por 1.639 millones y de consultoría por 114 millones para construir vías con placa huella.
• Mariquita, contrato de obra por 1.981 millones y de consultoría por 139 millones para vías con placa huella.
• Villarrica, contrato de obra por 1.293 millones y de consultoría por 90 millones para vías en placa huella.
• Melgar, contrato de obra por 2.125 millones y de consultoría por 148 millones para la pavimentación en concreto rígido de una vía.
• Piedras, contrato de obra por 1.139 millones y de consultoría por 79 millones para la pavimentación de varias calles.
• Contrato denominado ‘Tolima Varios’, que correspondía a una consultoría por 629 millones).

Debido a esto, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para investigue la supuesta responsabilidad del congresista Ramírez en este caso de corrupción.