¿Lo sabía? Estas son las personas que pueden acceder a un abogado gratis

Actualmente en Colombia existen diferentes alternativas del Estado para garantizar el acceso a la justicia y a una asesoría legal adecuada a todos los ciudadanos, sin importar si tiene o no recursos económicos para pagarlo.

En materia penal, el Estado colombiano ha establecido entidades y estrategias que ayudan a acceder a un abogado gratuito, abogado de oficio o la acción de litigar sin gastos.

Esta estrategia fue diseñada para los casos en los que la persona juzgada no cuenta con la capacidad económica para pagar los gastos que implica el inicio de un proceso judicial.

Dentro de las posibilidades hay tres opciones para obtener representación y asesoría legal.

La primera de ellas es acudir a la Defensoría del Pueblo, la cual tiene la responsabilidad de prestar servicios de forma gratuita a quienes se encuentren en la imposibilidad económica de acceder a la defensa de sus derechos.

De acuerdo con la Ley 941 de 2005, las Defensorías Regionales, Seccionales o los personeros municipales, deberán designar a un defensor público que asesore y represente legalmente a quien los solicite. Asimismo, de corroborar la incapacidad económica de quien se le va a prestar el servicio.

Tenga en cuenta que, para poder acceder a este servicio, es necesario cumplir con ciertos requisitos.

Pueden acceder quienes “no cuenten con los suficientes recursos para proveer a su subsistencia, ni a la de las personas que de él dependan o, cuando teniéndolos, sólo alcanzan a cubrir con ellos la satisfacción de su mínimo vital y se hallan en incapacidad de destinarlos a la asistencia y representación judicial o extrajudicial de sus derechos”.

Otra de las posibilidades para obtener el beneficio del litigio sin gastos es solicitar un amparo de pobreza. Esta figura, especificada en el Código General del Proceso, se aplica en materia civil y comercial.

Esta se efectúa en caso de que una persona tenga que demandar, pero que no posee los recursos. Se puede solicitar al respectivo juez que conceda ese amparo para la asignación de un abogado.

Para poder ser beneficiario de este, las personas deben comprobar que no cuentan con la capacidad económica para pagar los honorarios de un abogado particular.

Por otra parte, existe la posibilidad de acudir a los consultorios jurídicos de las universidades, los cuales fueron creador para garantizar el derecho y acceso igualitario a la justicia de los colombianos y que funcionan bajo la Ley 583 del 2000.

Tenga en cuenta que este beneficio solo está disponible para personas de estratos socio económicos 1 y 2.

Por último, está la posibilidad de recibir consultoría gratuita de abogados independientes o empresas que abren servicios pro-bono, es decir, asesoría a quienes demuestren que no cuentan con la capacidad económica de contratar a un jurista.