Emilio Tapia queda libre de responsabilidad fiscal en caso Centros Poblados

Sigue La W conoció en exclusiva un fallo de la Contraloría General de la República con el que se imputa responsabilidad fiscal por 69.970 millones de pesos a tres exfuncionarios del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y a las empresas vinculadas con el escándalo de Centros Poblados en Colombia.

Según la entidad de control, los imputados son culpables por las irregularidades en la ejecución del contrato de aporte 1043 de 2020 con el que se buscaba instalar 7.277 puntos de internet en la región B, que comprendía 16 departamentos en Colombia y que le fue adjudicada a la unión temporal de Emilio Tapia, en el marco del proyecto de Centros Digitales que licitó la cartera de las TIC.

Dice la Contraloría que hubo una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna y eso se materializó en el incumplimiento de la meta seis de la fase de instalación, dado que no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación de la misma. De esta manera, se omitió la inversión a realizarse con los recursos girados a título de anticipo, que recordemos fue de 70.000 millones de pesos.

Los responsables fiscales a quienes se les imputa culpa grave son:

• Adriana Meza Consuegra, exsecretaria general del MinTIC y quien fue mano derecha de la exministra Karen Abudinen.
• Sandra Orjuela Méndez, exsubdirectora de Gestión Contractual del MinTIC.
• Camilo Jiménez Santofimio, exdirector de Infraestructura de MinTIC y supervisor del contrato.
• Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación como miembro de la Unión Temporal Centros Poblados.
• ICM Ingenieros, Omega Buildings e Intec de la Costa, tres empresas de Emilio Tapia.

De este fallo, llama la atención que se decide desvincular y archivar la investigación al señor Emilio Tapia, aunque este ha sido considerado como uno de los cerebros del escándalo que dejó sin internet a los niños de las escuelas en las zonas más apartadas del país.

Sin embargo, su principal socio en el contrato, el señor Juan Carlos Cáceres, sí deberá responder por el detrimento causado, al igual que Luis Fernando Duque, quien ocupó el cargo de representante legal del consorcio que se quedó con el proyecto.

Otra decisión que toma la Contraloría es imputar responsabilidad fiscal a algunos funcionarios del Ministerio y a las empresas que hacían parte de la interventoría dentro del consorcio PE2020 Centros Digitales, por 1.400 millones de pesos, por las deficiencias en el control y seguimiento adelantado del mencionado contrato.