¿Y el Gobierno Nacional? La pregunta que resuena entre desplazados en Tierralta

Desde el pasado lunes, 25 de septiembre, comenzaron los desplazamientos hacia el casco urbano de Tierralta, por parte de los habitantes de unas 14 veredas del referido municipio, tras el atropello armado del que fueron víctimas los pobladores de la vereda Bocas del Manso, donde con armas largas y disfrazados de disidencias llegaron militares del Ejército Nacional; los implicados fueron separados de sus cargos.

Ante este accionar que cobró notoriedad en todo el país, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, junto a una comisión del Congreso de la República y autoridades de diferentes entidades del Estado, arribó a la zona, donde adquirió una serie de compromisos con los afectados, uno de ellos la conformación de una mesa de trabajo para el pasado 26 de septiembre.

“Los programas sociales que deben desarrollarse en estas áreas que como pudimos constatar en Bocas del Manso se encuentran realmente en situaciones difíciles en sus condiciones materiales de existencia y el Gobierno está en la disponibilidad de transformar esa situación”, dijo Velásquez en su arribo a la Brigada XI del Ejército en Montería, tras reunirse con los habitantes de El Manso.

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La fecha acordada llegó, en medio de los desplazamientos, pero las autoridades del Gobierno Nacional no han acudido nuevamente al municipio, según ha denunciado Over Manuel Castaño González, representante legal de la Asociación Campesina Río Sinú y Río Verde del Alto Sinú,

“Hemos decidido desplazarnos al parque Santiago Canabal debido a los últimos hechos de atropello armado por parte de uniformados del Ejército. Por el momento, entre campesinos e indígenas esperamos el despliegue de 2 mil personas, pero el número de desplazados seguirá en aumento y si no atienden nuestras solicitudes seremos 5 mil personas apostadas en el parque”, sostuvo el vocero en su momento.

Los días transcurren y los afectados continúan sin recibir ningún tipo de ayuda, según un nuevo llamado de atención que hizo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien indicó que desde la administración municipal ya han agotado todas las capacidades para la atención de los desplazados.

"Ante esta emergencia humanitaria, que podría aumentar con el paso de las horas, les solicitamos a los entes nacionales y departamentales atender la situación, pues el ente municipal ya desbordó su capacidad para hacerle frente a lo que está sucediendo", indicó Camargo.

El defensor apuntó que mediante entrevistas directas con los afectados, recibieron denuncias de que salieron de sus territorios porque el Gobierno Nacional no les ha cumplido.

Camargo llamó la atención a los gobiernos de la siguiente manera: A la Alcaldía de Tierralta pide la realización de un Comité Extraordinario de Justicia Transicional para que sean adelantados el censo y la toma de declaraciones.

El alto funcionario también le solicitó a la Gobernación de Córdoba la activación de un plan de choque, atendiendo al auto 894 del 2022, y en el tercer requerimiento, al director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, para que también active un plan para atender la emergencia.

“Continuaremos acompañando a la población desplazada e instando a las entidades y autoridades correspondientes, las veces que sea necesario, para que actúen eficazmente y no permitan la configuración de una crisis humanitaria en Tierralta”, agregó el defensor.