Se trata de una <b>certificación del Departamento de Estado</b> de Estados Unidos que asegura que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está condenando a los <b>autores de violaciones graves</b> de los derechos humanos.Además, señala que el Gobierno de Colombia está logrando<b> avances en la reducción de amenazas y ataques</b> contra defensores de derechos humanos y otros activistas, así como está logrando avances consistentes en la protección de las comunidades afrocolombianas e indígenas.Finalmente, la certificación señala que <b>oficiales militares de alto rango están siendo responsabilizados</b> de ordenar, cometer y encubrir casos de falsos positivos y otras ejecuciones extrajudiciales, u otras violaciones graves de los derechos humanos.Esta certificación del Departamento de Estado se da en el marco de la ley de apropiaciones que <b>permite asignar recursos a otros países</b>.