Defensoría asegura que el Gobierno no ha atendido emergencia en Tierralta, Córdoba
Alrededor de 400 personas se han desplazado en los últimos días por causa de la presencia de grupos armados ilegales.
Debido al desplazamiento de alrededor de 400 personas, según cifras preliminares, desde la vereda Bocas del Manso y zonas aledañas hasta el casco urbano de Tierralta, el defensor del Pueblo le reiteró al Gobierno Nacional coordinar acciones interinstitucionales con el objetivo de brindarles atención a los núcleos familiares que abandonaron sus viviendas de esa zona rural del centro-sur de Córdoba.
“Ante esta emergencia humanitaria, que podría aumentar con el paso de las horas, les solicitamos a los entes nacionales y departamentales atender la situación, pues el ente municipal ya desbordó su capacidad para hacerle frente a lo que está sucediendo”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
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Según testimonios de desplazados publicados por la Defensoría del Pueblo, ahora mismo están resguardándose en cambuches improvisados en el parque Santiago Canabal del municipio y abandonaron sus casas porque las instituciones del Estado no les cumplieron con lo que se comprometieron luego de las denuncias sobre abusos de militares contra la comunidad.
Profesionales de la Regional Sur de Córdoba, de la delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana y la delegada para la Orientación y Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, de la entidad garante de los derechos humanos, instalaron una mesa de trabajo para que los representantes de las entidades competentes y los voceros de las comunidades desplazadas (Llanos del Tigre, Palestina, Gloria 1 y Gloria 2, Sancón, Ballenas, Tucú, Gilgal, San Pablo, Bocas de Cruz y Bocas del Manso) lleguen a acuerdos que permitan superar lo que está sucediendo.
“El riesgo de desplazamiento lo advertimos en días pasados, llamamos la atención de entidades nacionales, departamentales y municipales para evitar que se configurara. Sin embargo, hay un número importante de personas que, asentadas en Bocas del Manso, decidieron dejar sus bienes y enseres a merced de la suerte y emprender el éxodo”, manifestó Carlos Camargo Assis.
Añadió que es obligación del Estado, como lo señaló el pasado fin de semana, atender sus reclamos y buscarles soluciones, pues son personas que, al verse en un ambiente de zozobra por la presencia de militares en sus veredas, el temor y el no cumplimiento de lo pactado, se vieron obligadas a abandonar los lugares donde habitan.