Colombia reporta más de 35.000 desplazados por la violencia en lo que va del año
En el informe de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) también se indicó que más de 50.000 ciudadanos han tenido que confinarse por cuenta de acciones relacionadas con el conflicto armado.
La Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) reveló en su más reciente informe que un total de 36.000 ciudadanos han tenido que abandonar sus hogares y desplazarse en Colombia por causa de la violencia emanada del conflicto armado, en lo que va corrido del año.
Sin duda, el departamento más afectado hasta la fecha en el país por cuenta del desplazamiento forzado es el departamento de Nariño con más de 21.000 víctimas, Cauca (3.060) y Chocó (2.684) siguen en la lista de damnificados por las acciones de los grupos violentos.
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A pesar de la gravedad de dicha cifra, la tendencia de reducción de ese fenómeno en comparación con el mismo periodo del año pasado se mantiene, al encontrarse un decrecimiento del 35,4% (55.800 víctimas frente a 36.000 en lo que va del 2023).
Por el lado del confinamiento, el reporte de OCHA muestra que 53.000 colombianos debieron restringir severa o totalmente su movilidad debido a las acciones o control territorial de los grupos armados.
El departamento del Chocó es el que más aporta víctimas a este registro con 35.811 ciudadanos afectados. Cauca reportó 3.143 damnificados, mientras que en Arauca, Bolívar y Caquetá el número de afectados se acerca o supera los 2.500.
La reducción en este ítem en comparación con el mismo periodo del año pasado es de un 34,1%. Pero al margen de dicha reducción, los números siguen siendo bastante delicados de acuerdo con el reporte de OCHA.
“A pesar de la disminución de varios indicadores de violencia, el escenario actual sigue deteriorando las condiciones de vida de miles de personas que viven en situación de vulnerabilidad y riesgo”, indicó la Oficina.
Finalmente, reseñaron que en al menos 311 municipios del país se han reportado acciones violentas de los grupos armados tales como “secuestro, reclutamiento forzado, amenazas, homicidios, violencia sexual, masacres), incluyendo el control social impuesto por los grupos, que tiende a naturalizarse e invisibilizar otras violaciones a los derechos”, concluyeron.