Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa de EPS Famisanar
La entidad concluyó que Famisanar no está cumpliendo con su objeto social y tiene dificultades crecientes para garantizar a sus afiliados el acceso a servicios en salud.
Imagen de referencia de hospital. Foto: Getty Images. / Jackyenjoyphotography
Tras recibir más de 60.000 quejas de sus usuarios en el primer semestre de 2023 y las inconsistencias detectadas en los reportes de información y el incumplimiento de metas en indicadores de salud, la Superintendencia de Salud decidió intervenir por un año a la EPS Famisanar con el fin poder ofrecer calidad de los servicios a sus afiliados.
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La EPS tiene 3.049.712 afiliados en 21 departamentos del país, la mayoría de los cuales se concentran en Bogotá y Cundinamarca (77%), Santander (4,46%), Boyacá (4,34%) y Tolima (2,92%). También tiene usuarios en Atlántico, Bolívar, Caldas, Cesar, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. En otros 6 departamentos tiene menos de 10 afiliados.
Ulahí Beltrán López, en su función de Superintendente Nacional de Salud, concluyó que tras una evaluación al desempeño de los componentes administrativos, financieros, jurídicos y técnico científicos la EPS tiene riesgo elevado de liquidez e insolvencia para atender las obligaciones con sus acreedores en el corto, mediano y largo plazo por el incremento de sus pasivos en más de 140% desde 2021.
La Superintendencia designó como agente especial interventor al frente de la EPS a la administradora financiera Sandra Milena Jaramillo, quien se asegurará de Implementar y ejecutar las acciones del plan de mejoramiento, implementar y ejecutar estrategias que impacten el estado de salud de los afiliados de acuerdo con el modelo de atención en salud, resolver de fondo las reclamaciones en salud interpuestas por la población afiliada, evaluar y operativizar la red de prestadores de servicios de salud de tal forma que permita a la población afiliada acceder a los servicios de salud en condiciones de oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad, entre otros.
Así lo hizo saber la entidad por medio de un comunicado en el que expresó que la orden de intervención será por un año.