Thomas Greg & Sons demandará a Cancillería tras hundimiento de licitación de pasaportes
La demanda de Thomas Greg & Sons contra el Ministerio de Relaciones Exteriores sería entre 80.000 y 100.000 millones de pesos.
Imagen de referencia vía Getty Images. / hxyume
Thomas Greg & Sons anunció demandará a la Cancillería por una cifra entre 80.000 y 100.000 millones de pesos tras el hundimiento de la licitación de pasaportes.
Es preciso recordar que el canciller Álvaro Leyva anunció que se declarará la urgencia manifiesta para que no se vea afectada la prestación del servicio de pasaportes en el país, después de que él mismo declarara desierta la licitación tras múltiples dilataciones y escándalos.
Cabe señalar que la próxima semana se conocerán los detalles de esta demanda.
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“Mientras se surte el nuevo proceso de contratación se declarará el estado de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio, en atención al artículo 42 de la ley 80 de 1993″, pronunció en medio de una audiencia.
Thomas Greg & Sons era la única empresa que estaba participando en el proceso, por lo que se advirtió que no existía libre competencia. Incluso, algunas figuras públicas como el senador Ariel Ávila denunciaron un posible favorecimiento.
Posteriormente, la Contraloría General de la República realizó una advertencia al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores por el inminente riesgo de “intermitencia o hasta parálisis en la prestación del servicio público de expedición de pasaportes, tanto en el territorio nacional como en el exterior”.
En su momento, la Contraloría también instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a prevenir la pérdida de recursos públicos, recordando que el proceso alcanzaba los 600.000 millones de pesos.
A través de un comunicado, el mayor órgano de control del Estado señaló: “Se insta al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para que, en el ejercicio de la licitación pública referenciada, adopte todas las medidas necesarias y aplique los recursos legales que disponga a efectos de evitar que se materialice un posible detrimento patrimonial al estado y se cumpla con el objeto de la contratación, que en este caso obedece a una necesidad de alto impacto social”.