Presidente o fiscal: ¿quién tiene la razón en investigación sobre Tierralta?
En Sigue La W la senadora Gloria Inés Flórez, del Pacto Histórico, y el senador Antonio José Correa del Partido de La U, discutieron quién tendría la razón sobre la investigación en Tierralta.
Luego de la situación de orden público que se presentó en Tierralta, Córdoba, donde la comunidad denunció que, al parecer, varios militares se habrían hecho pasar por disidentes de las Farc para hostigar a la comunidad, el presidente Gustavo Petro rechazó la situación a través de sus redes sociales.
“Volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública. Esto no puede pasar en este Gobierno. Es el mismo Ejército quien debe presentar públicamente, al lado del Gobierno, su propia investigación en estos hechos”, escribió el mandatario.
Sin embargo, horas después, a través de una rueda de prensa, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se refirió a las declaraciones del presidente y, una vez más, reiteró que las investigaciones las debe realizar la Fiscalía.
“Quiero decirle al Gobierno Nacional y a Petro que las funciones de investigación no están en cabeza suya, sino en cabeza de la Fiscalía. No le corresponde al ejecutivo en Colombia, conforme a sus facultades, hacer investigaciones de ningún tipo, la investigación la hará la Fiscalía y no vamos a permitir que la Jurisdicción Penal Militar se entrometa en una investigación que tiene que ver con los derechos humanos”, aseveró Barbosa,
Posteriormente Petro le respondió en un rifirrafe señalando que: “Claro que el ejecutivo puede investigar a nivel disciplinario sus propios funcionarios, a través del control interno y de las comisiones protectoras”.
Por su parte, en La W, el fiscal Barbosa volvió a responder mencionando que, si la Justicia Penal Militar quiere iniciar dicha investigación, el ente de control planteará el conflicto de competencias para que sea la Fiscalía quien la adelante.
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De acuerdo por lo señalado por la senadora Flórez, es la primera vez que se ve una respuesta inmediata del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional de asumir la investigación y de realizar diligentemente la inspección inmediata, y no ocultarla “como ha sucedido en el pasado”.
Entonces, aseguró que la investigación también le compete a la Justicia Penal Militar porque son actos del servicio.
“Pero lo que debe ser relevante es la respuesta del MinDefensa y la postura clara del Ejército para responder por un acto que afecta la institución que ha ganado legitimidad precisamente por el apego a los derechos humanos y por el respeto a una política de defensa y seguridad que se está implementando por parte del Gobierno de Petro que pone al centro la protección de la población civil y el fortalecimiento, y la protección de la fuerza pública y por tanto de su legitimidad. Lo que debería resaltar el fiscal, es que por primera vez se cuenta una respuesta a cabalidad comprometida con la institucionalidad”, añadió.
Por su parte, el senador Correa señaló que se trata de “un hecho muy grave que demuestra un interés oscuro por parte de algunos que les gusta no solamente hacer una trampa a la voluntad de un pueblo de querer que todos estos grupos armados desaparezcan, sino, además, de hacerle daño a la institución”.
Así mismo, aseguró que entre las investigaciones debe esclarecerse quien dio la orden para así impartir justicia y aplicar todo el peso de la Ley.
“Yo sí quisiera ver un ente acusador alejado de cualquier esquina política y administrar justicia”, puntualizó.