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Por ciberataque, Consejo Superior de la Judicatura suspende términos judiciales en el país

La decisión de suspender términos judiciales en el territorio nacional es a partir del 14 y hasta el 20 de septiembre de 2023, según infirmó la Rama Judicial en su cuenta de Twitter.

Juez imagen de referencia. Foto: Getty Images. / RUNSTUDIO

Juez imagen de referencia. Foto: Getty Images. / RUNSTUDIO

Luego del ciberataque reportado por varias entidades del estado, incluida la rama judicial, el Consejo Superior de la Judicatura informó sobre la suspensión de los términos judiciales en todo el país.

Según expresó la entidad, se determinó en sesión de 13 de septiembre de 2023 y mediante el Acuerdo PCSJA23-12089 suspender estos términos a partir del 14 y hasta el 20 de septiembre de 2023, salvo para las acciones de tutela, hábeas corpus y la función de control de garantías.

Esto debido a que el reporte de IFX Networks da cuenta que no es posible restablecer el servicio de manera inmediata y con el fin de asegurar el acceso y los servicios de administración de justicia.

El ciberataque afectó portales y páginas del Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y el Consejo Superior de la Judicatura, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

El MinTIC explicó que desde el 12 de septiembre IFX Networks sufrió un ataque de ciberseguridad externo tipo Ransomware (“secuestro” digital de información y aplicaciones), que afectó a cerca de 762 compañías en Latinoamérica.

“El proveedor IFX reporta que el equipo técnico se encuentra trabajando en el restablecimiento del servicio (...) se solicita atención priorizada para el sector salud, con el fin de mitigar el impacto causado por este incidente en atención digital, trámites, entre otros, así como otras entidades que también requieren apoyo para continuar con su operación”, añadió la información.

Entre tanto la Defensoría del Pueblo dijo en un comunicado que “los ataques han tenido un impacto grave en las plataformas de la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Industria y en sistemas esenciales para el funcionamiento de la justicia en Colombia”.

La Defensoría indicó que los ataques informáticos a entidades gubernamentales o estatales pueden vulnerar derechos humanos y fundamentales, especialmente los derechos a la privacidad, al acceso a la información, a la seguridad y a la justicia.

“Todo esto está ocurriendo por cuenta de un ciberataque a una empresa que ofrece servicios tecnológicos y donde están alojados incontables servicios digitales en Colombia y fuera del país. Esta situación no solo pone en riesgo los derechos fundamentales, sino que también amenaza la seguridad y el bienestar de todos los colombianos”, afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado de su despacho.

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