Ramiro Suárez Corzo, ¿testigo del ‘Pacto de La Picota’?

La Fiscalía General de la Nación trató de impedir el traslado a Bogotá del exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años de prisión por homicidio y quien venía manejando las campañas políticas de Leonardo Jácome para la Alcaldía y William Villamizar para la gobernación de Norte de Santander, desde el cuarto 1101 del Hospital Erasmo Meoz.

El centro hospitalario está bajo el mando de Tonino Botta, un antiguo subalterno de Suárez Corzo.

El ente acusador envió un correo electrónico y luego un oficio pidiéndole al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que dejara a Ramiro Suárez Corzo en el hospital de Cúcuta porque “se encuentra en este momento en un proceso de colaboración con la Fiscalía dentro de la investigación de la referencia y se han señalado los días 27 y 28 de septiembre como fechas para escucharlo en declaración bajo la gravedad del juramento, atendiendo a que en este sentido pasa a ser testigo de la Fiscalía”.

Esta es la carta:

El proceso en el que supuestamente va a declarar fue abierto por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por omisión y otros.

Según el diario La Opinión de Cúcuta, Suárez Corzo podría ser testigo en el caso del llamado ‘Pacto de La Picota’, que indaga posibles apoyos de políticos presos a la candidatura del presidente Gustavo Petro en la elección de 2022.

El medio de comunicación cita versiones según las cuales Juan Fernando Petro, el hermano del entonces candidato, se reunió con Suárez Corzo para pedir su apoyo.

La reunión es negada por Juan Fernando Petro pero hay algo que es cierto: varios políticos cercanos a Ramiro Suárez Corzo, encabezados por el actual representante a la Cámara Jairo Cristo, apoyaron la candidatura de Petro en 2022.

Esto es exótico porque Gustavo Petro había denunciado la cercanía de Ramiro Suárez Corzo con paramilitares y otros delincuentes. Incluso en 2018 señaló a Suárez Corzo como el posible autor de un atentado en su contra y publicó un mensaje en estos términos: “Este es el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo. Los indicios lo muestran como el autor del atentado en mi contra. Lo denuncié por genocida del Norte de Santander. Es dueño del gobierno de Cúcuta desde la cárcel. El gobierno de Santos lo deja gobernar”.

Sin embargo, en 2022, gente de Suárez Corzo apoyó a Gustavo Petro.

Hay otro indicio que mostraría que el proceso en el que va a declarar Suárez Corzo no es el del Pacto de La Picota. Se trata del número de radicación que da la fiscal en la carta. Ese número indica que el proceso fue iniciado en el año 2020, los hechos del llamado Pacto de la Picota tuvieron lugar dos años después en 2022.

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Lo que está claro es que la fiscal Aida Esperanza Moreno, quien firma la insólita petición para que mantuvieran a Ramiro Suárez Corzo en el hospital Erasmo Meoz, se extralimitó en sus funciones.

La única razón por la cual una persona privada de la libertad debe permanecer en un hospital es un diagnóstico médico. Así está determinado incluso por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

La Fiscalía no puede asumir esa función. Menos aún con la justificación de que el beneficiario va a declarar en unos días. La fiscal no necesita, ni puede pedir, que Suárez Corzo esté recluido en el Hospital Erasmo Meoz para que declare. Puede tomarle su testimonio en Bogotá, en un centro de reclusión o en otro hospital.

La fiscal Aída Esperanza Moreno podría ser investigada por esta interferencia en las condiciones de reclusión del condenado exalcalde, quien por cierto no tenía ninguna condición sobreviniente cuando fue llevado al hospital gerenciado por su antiguo subalterno.

Las afecciones que padece son viejas y solo ameritaron hospitalización cuando un juez le quitó el beneficio de detención domiciliaria por sus numerosos abusos del régimen de reclusión.

Por cierto, la casa en la que estuvo cómodamente recluido pertenece a Isabel Márquez Rubio, antigua secretaria de Equidad y Género de Cúcuta, y ahora compañera sentimental del homicida Ramiro Suárez Corzo.

En las últimas horas, esa casa en barrio Vegas del Río, en la capital de Norte de Santander, fue ocupada con fines de extinción de dominio por los presuntos actos de corrupción en los que está involucrada la señora Márquez Rubio.