La Corte Suprema de Brasil abre el juicio por el “ataque golpista” del 8 de enero
Los imputados responden por los delitos de asociación ilícita, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños calificados y destrucción de patrimonio público.
El juez Alexandre de Moares abrió este miércoles en la Corte Suprema de Brasil el juicio contra los cuatro primeros acusados de la asonada del pasado 8 de enero, una acción que calificó de “ataque golpista” realizado con “odio irracional” contra la democracia.
De Moraes, relator del proceso, tomó la palabra para exponer la presunta responsabilidad del primer imputado por el violento asalto a las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la propia Corte Suprema en que se celebra el juicio, cuyo propósito era provocar un golpe de Estado contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Aécio Lúcio Costa Pereira, en prisión desde el mismo 8 de enero, es el primero de los cuatro acusados que la Corte Suprema sienta en el banquillo desde este miércoles y también el primero de las 1.390 personas que responderán penalmente por los sucesos de enero, que han sido atribuidos a un movimiento golpista de la ultraderecha.
Los imputados responden por los delitos de asociación ilícita, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños calificados y destrucción de patrimonio público.
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Todos los acusados han sido identificados como seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que no reconocieron el resultado de las elecciones de octubre de 2022, ganadas por el progresista Lula.
Según De Moraes, quien subrayó el carácter “simbólico” de que el juicio se celebre en un plenario que fue “destruido” ese día, los manifestantes eran parte de una “turba violenta”, que mediante esa acción “golpista”, tenía “la clara intención de interrumpir el proceso democrático” y derrocar a un Gobierno constitucional y legítimamente constituido.
Según la investigación, el objetivo de las manifestaciones del 8 de enero era sembrar el caos e intentar provocar una intervención de las Fuerzas Armadas a fin de derrocar a Lula, quien había asumido el poder una semana antes.
La responsabilidad de cada uno de los 1.390 acusados deberá ser determinada individualmente y en igual número de juicios, pues el derecho brasileño no contempla las “responsabilidades colectivas”.
Tras la presentación del caso por parte del juez De Moraes, la Fiscalía General intervendrá como parte acusadora y luego será el turno de la defensa.
Posteriormente, se manifestará cada uno de los once miembros del Supremo, que tiene previsto dictar sentencia este mismo miércoles, aunque ya ha reservado una audiencia para el jueves en caso de que estos primeros cuatro juicios se extiendan.