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El abogado del Estado brasileño investigará a los jueces y fiscales que condenaron a Lula

El magistrado consideró, además, que la prisión de Lula fue “uno de los mayores errores judiciales de la historia del país”.

Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. EFE/André Borges

Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. EFE/André Borges / Andre Borges (EFE)

La Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil anunció este miércoles que analizará posibles fallos en la actuación de los fiscales y jueces que investigaron y encarcelaron por corrupción al actual presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva.

La AGU, que representa los intereses del Estado brasileño y cuyo titular es nombrado por el presidente, creará un grupo de trabajo para investigar “desvíos de agentes públicos” y promover la “reparación de los daños causados” por el juicio contra Lula, según señaló la institución en un comunicado.

El equipo analizará la conducta de fiscales y jueces durante la instrucción y el juicio de la operación Lava Jato, lanzada contra un entramado de sobornos organizado por parte de la constructora Odebrecht y que llevó a Lula a pasar 580 días en prisión condenado por corrupción antes de que el proceso fuera anulado.

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El anuncio de la AGU responde a la decisión del magistrado del Supremo Tribunal Federal José Dias Toffoli de anular todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos con Odebrecht porque, a su entender, los jueces del caso actuaron fuera de sus competencias y “al margen de la legislación”.

En su resolución, el magistrado consideró, además, que la prisión de Lula fue “uno de los mayores errores judiciales de la historia del país”.

Asimismo, el magistrado ordenó que la Fiscalía General de la República, la Abogacía General de la Unión y el Consejo Nacional de Justicia investiguen la responsabilidad de los agentes públicos involucrados en la celebración del acuerdo de colaboración con la constructora.

Tras la decisión de Dias Toffoli, el senador Sérgio Moro, antiguo juez responsable del caso, defendió que las investigaciones se hicieron “dentro de la ley” y que la corrupción de los primeros gobiernos de Lula (2003-2010) fue “real”.

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