Fiscalía impide el traslado del homicida Ramiro Suárez Corzo a Bogotá

La Fiscalía impidió el traslado a Bogotá del exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años de prisión como determinador del homicidio del abogado Alfredo Enrique Flórez.

Un juez de ejecución de penas le revocó a Suárez Corzo el beneficio de detención domiciliaria por evidencias de irregularidades en un traslado por tierra de Bogotá a Cúcuta que demoró cuatro días, cuando debía tomar apenas 12 horas. Hay indicios claros que muestran que el condenado exalcalde sobornó a los guardianes del Inpec que lo transportaban.

Uno de esos guardianes llamado Christian Oviedo está detenido por estas irregularidades. Él ya ha admitido que recibió un pago de 13 millones de pesos para dejar que el exalcalde se moviera en su carro particular, se tomara el tiempo que quisiera y aprovechara para hacer reuniones y llamadas.

Hay otro guardián, César Téllez, que está siendo investigado por estos hechos y una tercer miembro de la guardia del Inpec quien presuntamente se habría prestado para alterar el brazalete electrónico que debía mostrar todo el tiempo la ubicación de Suárez Corzo.

Tan pronto el juez de control de ejecución de penas revocó el beneficio, Suárez Corzo se declaró enfermo y se hizo internar en el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, cuyo gerente es Tonino Botta, un antiguo subalterno suyo en la alcaldía.

Desde ese hospital como lo contamos, el condenado exalcalde viene manejando la campaña política. O mejor dicho varias campañas políticas para diputados, concejales y también las de Leonardo Jácome para la alcaldía de Cúcuta y William Villamizar para la Gobernación de Norte de Santander.

Los trabajadores del hospital han protestado por estos abusos del homicida e incluso pusieron un pendón en la fachada del edificio después de que estos hechos se hicieran públicos, aquí en El Reporte.

La semana pasada, además, el Inpec le encontró al enfermito Suárez Corzo más de tres millones de pesos en efectivo que aparentemente usaba para repartir propinas y comprar silencios. Es irregular que una persona privada de la libertad tenga dinero en efectivo.

En fin, todas esas circunstancias llevaron al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez a ordenar el traslado a la cárcel La Picota de Bogotá de Ramiro Suárez Corzo. La resolución que ustedes pueden ver ya en la página de la W fue emitida confidencialmente el día 29 de agosto.

Ya en La Picota, médicos legistas independientes, lo deberían examinar y determinar si debería ser remitido a un hospital de Bogotá, bajo cuidado médico pero lejos de la campaña política en Norte de Santander.

El documento era secreto pero fue filtrado por alguien dentro del Inpec y empezó un curioso corre-corre para evitar el traslado.

Ayer llegaron a Cúcuta unos funcionarios del Grupo de Operativos Especiales del Inpec, Grope, para transportarlo a Bogotá con todas las medidas de seguridad.

Pero, ayer mismo, la fiscal Aída Esperanza Moreno, de la dirección especializada contra la corrupción, le ofició al coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director del Inpec, solicitándole que dejara a Suárez Corzo en el cómodo piso 11 del hospital.

La desconcertante carta de la fiscal señala que el homicida no debe ser trasladado porque está colaborando con la Fiscalía como informante en un proceso por Concierto para delinquir, cohecho y prevaricato.

Lo curioso es que la fiscal que pide mantener a Suárez Corzo en Cúcuta tiene su sede en Bogotá y en la capital podría tenerlo más cerca para que le colaborara.

También dice la fiscal que el exalcalde no tiene comodidades, ni equipos para comunicarse vía Skype –es llamativo porque nadie había mencionado esa circunstancia públicamente– y que la protesta de los trabajadores por la presencia de un poderoso preso dirigiendo la política regional desde el Hospital Erasmo Meoz, hace parte de una estrategia política.

Concluye la fiscal Aida Esperanza Moreno que una de las razones para mantenerlo en el hospital es que ni la Fiscalía, ni el Inpec, deben tomar partido en la campaña electoral.

¿Es decir que en aras de la neutralidad política Suárez Corzo debe seguir en el Hospital a sus anchas?

Aquí, queridos oyentes, hay una ley del embudo por donde se vea. El guardián sobornado está preso mientras su poderoso sobornador goza de la protección de la Fiscalía General de la Nación que impide su traslado.

No ha sido usual que la Fiscalía conceda beneficios carcelarios a presos sin que hayan firmado un preacuerdo o un principio de oportunidad. Sin embargo, lo que no sucede oficialmente pasa extraoficialmente.

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