Contraloría es víctima en investigación contra gobernador de San Andrés: Corte

La Corte Suprema de Justicia avaló como víctima a la Contraloría General de la Nación dentro del juicio que se adelanta en contra del gobernador de San Andrés, Ever Julio Hawkins, por corrupción durante la pandemia.

En medio de la investigación que adelanta la fiscalía general de la Nación por actos irregulares relacionados con 16 contratos de prestación de servicios estatales suscritos entre el 2 de abril y 29 de mayo de 2020, por una cuantía de $233.671.735.

Según el proceso, el gobernador asignó el contrato obviando los requisitos legales esenciales, apoderándose correlativamente de recursos del ente territorial.

En este caso la Contraloría alegó ser víctima de acuerdo con el poder especial otorgado por el Contralor Delegado para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo Eduardo José Pineda Arrieta al abogado Fabio Yezid Castellanos Herrera:

“Solicita se le reconozca como víctima en desarrollo de la audiencia de formulación de acusación que, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con peculado por apropiación, se adelanta contra EVERTH JULIO HAWKINS SJOGREEN, gobernador del archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

Por lo que señaló que la Contraloría es el ente encargado de velar por la protección del erario público y ante una posible defraudación, es su representada la llamada a ejercer este rol al interior del proceso penal.

Finalmente la Sala Especial de Primera Instancia, la Corte Suprema de Justicia con ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres, avala como víctima a la Contraloría General de la Nación.

“En consecuencia, acorde al poder debidamente otorgado, la Sala reconoce a la Contraloría General de la República a través de su apoderado Fabio Yezid Castellanos Herrera como víctima dentro de esta actuación, en defecto del departamento archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, entidad perjudicada con las conductas delictivas de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, y en representación de la gobernación del mencionado ente territorial, con arreglo a lo previsto en el artículo 137 de la ley 600 de 2000″, señala el fallo.