Exmagistrado pide anular sentencia del Consejo de Estado sobre lote de DMG en Bogotá

Una petición bastante llamativa llegó al Consejo de Estado luego de que decidiera fallar a favor de la Superintendencia de Sociedades en el caso del polémico megalote de la autopista norte de Bogotá vinculado a la pirámide DMG y le ordenara a Inversiones López pagarle a la Nación la suma de 29.000 millones de pesos por ese contrato de compraventa.

Recordemos que en este caso la Fiscalía ordenó el secuestro del bien hace 11 años porque el pago de compraventa se habría hecho con recursos de la pirámide.

Ahora, un exmagistrado muy sonado de este alto tribunal, Marco Antonio Velilla, no estuvo de acuerdo con el fallo y pidió que se declare la nulidad por “falta de motivación, contradicción e incongruencia de la sentencia” y que se liquide de conformidad con los parámetros legales, las costas que se considere “aparecieron causadas y comprobadas en la sentencia”.

Además, le lanzó una fuerte pulla al Consejo de Estado, en donde se desempeñó como togado por varios años, refiriéndose a que como magistrado nunca había visto una sentencia con tales características del magistrado auxiliar de esta decisión, Guillermo Sánchez Luque de la sección tercera:

“Como exintegrante de esta Alta Corporación muy pocas veces he visto una sentencia de las características de la proferida por la Sección Tercera Subsección C y con ponencia del magistrado Guillermo Sánchez Luque, cuya trayectoria he venido siguiendo después de muchos años”, dice la petición.

Por esta misma razón se resiste a creer que esta sentencia no haya resuelto el fondo del proceso:

“Que para sorpresa mía y de mi poderdante, nos haya sorprendido con una sentencia con serias dificultades de estructuración y que no produce certeza en cuanto a la definición de fondo del proceso, por cuanto los considerandos, marco factual, lo que denomina hechos probados, no parece corresponder a este expediente”, dice el exmagistrado.

Aunque los argumentos son bastante jurídicos, lo que dice Velilla en síntesis es que no está de acuerdo con las vías de hecho utilizadas por la SuperSociedades, y que, al parecer, “los magistrados o sus auxiliares no pudieron observar o no leyeron, porque en este fallo no parecen haber leído las pruebas”.

“Al parecer, el magistrado ponente y la Sala no analizaron debidamente los hechos en que se fundaba la controversia, las pruebas, las normas legales aplicables del (Estatuto Registral y Código Civil en materia de título y modo para la transferencia de bienes inmuebles)”.

En la petición, el magistrado también señala que no se tuvieron en cuenta los términos de las costas previsto en un acuerdo de 2016:

“La sentencia omitió tener en cuenta que si bien es cierto procede la condena en costas al apelante vencido, que ellas deben tasarse en los términos del Acuerdo 10554 de 2016 en el 0,1% del valor de las pretensiones en atención a la naturaleza del proceso, calidad, duración y utilidad gestión ejecutada por el apoderado, tal determinación no obedece a criterios subjetivos del fallador sino al análisis objetivo de lo que aparece probado en el proceso”, dice la petición.